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Son 109 casos de presuntas desapariciones forzadas que Cristosal ha documentado durante el régimen de excepción. El Estado de El Salvador ya fue condenado anteriormente por este delito en el marco del conflicto armado, como el caso de las “Hermanas Serrano Cruz y otros”, y “Contreras y otros”, ventilados ante la jurisdicción de la Corte IDH. Expertos en derechos humanos consultados por VOCES advierten que el escenario actual, eventualmente, podría acarrear juicios internacionales.
Por David Ramírez, periodista de VOCES
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto por mandato de la ONU, defensores de derechos humanos afirmaron a VOCES que el Estado salvadoreño podría enfrentar procesos judiciales internacionales por los casos de desaparición forzadas, que estarían ocurriendo en el marco del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo pasado.
“Por todos lados -muy probablemente- vendrán condenas para el Estado de El Salvador y para sus funcionarios en los próximos años. La justicia interna o la justicia internacional va a alcanzar a este gobierno y a sus funcionarios tarde o temprano.”, afirmó a VOCES la directora del programa de lucha contra la impunidad de la Fundación para el Debido Procesos (DPLF), Leonor Arteaga.
Hasta el 10 de agosto, Cristosal, organización defensora de derechos humanos que se encuentra registrando vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción, reportó 109 casos de personas que habrían sido objeto de desparición forzada por el Estado, aseguró a VOCES la directora de investigaciones de Cristosal, Rina Montti. Son “personas que los familiares, al momento de interponer la denuncia no sabían adónde habían resguardado a su familiar ”, explicó.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas definen este crimen de la siguiente manera: cuando se hace un arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que “sean obras de agentes del Estado” o por otros personajes con su autorización, seguido de la “negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Ambos instrumentos internacionales establecen que la práctica generalizada de desapariciones forzadas “constituye un crimen de lesa humanidad”.
Montti afirmó que existen diferentes escenarios en los que las desapariciones forzadas se están perpetrando en el contexto del régimen de excepción.
Por ejemplo, que desde el principio de una captura las autoridades no les proporcionan información que constate dónde se encuentra su familiar, que sí conozcan el paradero de su familiar, pero luego lo desconozcan; otro escenario -más tétrico- es que puedan saber de su familiar hasta cuando son informadas de su muerte, y que incluso en esta situación les puedan negar información.
“La falta de poder realmente constatar (el paradero de una persona) de parte de la familia, que es un derecho del privado de libertad y es un derecho también de la familia, puede entrar dentro de la categoría de persona desaparecida, porque no puede en realidad el familiar constatar que en efecto está dentro de un centro penitenciario”, explicó la experta.
El caso del hijo de Otildia Martínez de Ramírez es uno de ellos. Su hijo fue detenido el 29 de abril. La madre acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a diferentes centros penales, pero no ha podido constatar dónde se encuentra su hijo ni cómo se encuentra de salud u otra información. “Solo nos dijeron que nos iban a llamar y a confirmar, y, hasta el día de hoy estamos a la espera”, lamentó.
“Para mí como mamá ha sido súper doloroso y es un proceso que jamás me imaginé pasar. Ha sido bien difícil de poder asimilar las cosas, mi hijo imagínese no sé dónde él está, ni sé cómo está. Mi hijo es discapacitado también por un accidente de hace años donde perdió el brazo izquierdo”, expresó la madre.
De igual forma, se presenta el caso de la hija y yerno de Teresa de Landaverde, quienes fueron detenidos el 22 de mayo, sin que sepa hasta ahora su paradero.
Teresa relató que para el 9 de agosto su yerno tenía programado una audiencia. Sin embargo, esta no se realizó, por lo que él sigue en custodia del Estado. En el caso de su hija, quien además es diabética y asmática, tendrá posiblemente una audiencia el 30 de noviembre, dijo.
“Yo ya entregué el habeas corpus y me dieron un papelito para que llamara a un número y lo que me dijeron es que preguntara para ver cómo está el caso. Llamé. Lo que me dijeron es que llamara dentro de tres meses. Ellos ya tienen tres meses y no me dan ninguna respuesta”, aseguró Teresa de Jesús.
La alarmante condición emocional
La psicóloga de Azul Originario, Ivy Gutiérrez, señaló que el impacto que ha tenido el régimen de excepción en la salud mental de las personas que han sido afectadas por estas situaciones es “alarmante”.
“A nivel psicológico (el desconocer el paradero de un familiar) provoca miedo, frustración. La familia puede pensar lo peor que al no saber dónde están sus familiares pueden pensar que está muerto, que está desaparecido o que pueden estar pasando hambre, o sufrir algún tipo de fractura o tortura”, explicó la especialista.
También, dijo que las madres de las personas detenidas han sufrido situaciones emocionales extremas, en algunos casos experimentan no poder moverse ni hablar temporalmente y se desconectan de la realidad.
“Es desgarrador ver que estamos regresando a conductas que se supone estaban erradicadas y que tanto dolor costaron. No es justo para la sociedad y para las poblaciones afectadas que estemos regresando a épocas que se creían ya superadas”, expresó sobre este punto Arteaga.
El conflicto armado en El Salvador en los años 80 dejó a la sociedad salvadoreña una cicatriz que no ha podido sanar ante las innumerables y graves violaciones a derechos humanos. Ente estas heridas que persisten en la sociedad salvadoreño se formó en 1975 el Comité de madres y parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador (COMADRES), madres víctimas de familiares desaparecidos durante la guerra.
Milagro de los Ángeles Alvarado de Peña, “Madre Vicky”, presidenta actual de COMADRES, sigue pidiendo verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición desde 1975. “Tenemos esto en nuestro corazón y nunca vamos a olvidar, la memoria vive en cada uno de nosotros”, dijo a VOCES.
El Estatuto de Roma
Las desapariciones forzadas están sancionadas por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que a su práctica sistemática la catalogan como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) tipifica este crimen.
El Salvador no ha ratificado los primeros dos mecanismos internacionales, pero sí el Estatuto de Roma, el cual creó la CPI.
Este tribunal internacional, con sede en La Haya, Holanda, está facultada para intervenir y ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional y, además, tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Este mecanismo cataloga las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad en el escenario que se perpetren de manera “sistemática contra una población civil y como conocimiento de dicho ataque”, establece el artículo 7.
“Siquiera me dieran cinco minutos para ver cómo está ella”, dijo, entre lágrimas Teresa, quien no sabe nada de su hija, una salvadoreña que forma parte de las estadísticas gubernamentales en un El Salvador que no ha dado justicia a las victimas de violaciones a los derechos humanos en la guerra y que ahora está repitiendo ese doloroso camino.
