En 1994 la ONU estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, basada en la necesidad de atender los principales problemas de derechos humanos de la población originaria.
“Los pueblos indígenas en toda latinoamérica han sido objeto de violación de derechos humanos, década tras década”, es el reclamo que hizo hoy la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), en el marco de la celebración –este 9 de agosto- del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La organización sostuvo que en el continente los pueblos indígenas “han luchado para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos”, pero “los defensores de sus derechos han sido perseguidos, discriminados y los líderes hasta asesinados por funcionarios corruptos y figuras de gobierno con intereses extractivistas”.
La realidad de Panamá no es distinta a la situación latinoamericana y global, los pueblos indígenas siguen en la más extrema vulnerabilidad, sin acceso pleno a los servicios básicos de educación, salud, infraestructura y facilidades que permitan su desarrollo y fortalecimiento de su modo de vida tradicional dentro de su cosmovisión, expresó la COONAPIP.
Además, llamó a la reflexión del Estado de Panamá sobre la realidad del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, cuyos mandatos están contenidos en instrumentos internacionales y especialmente porque el país se mantiene reacio a ratificar el convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas.
“Sigue vigente el reclamo permanente de los pueblos indígenas al derecho a su seguridad territorial, al respeto y reconocimiento de su diversidad cultural, el respeto y la valoración de su identidad, a la conservación y aprovechamiento racional de sus recursos naturales, a la promoción y rescate de su idioma, su historia, sus tradiciones, su formas tradicionales de vida y la cobertura de sus necesidades básicas como ciudadano en pleno goce de sus derechos”, insistió la COONAPIP.
Reconoció, en este marco, la constancia y aguerrida lucha de los siete pueblos y las 12 estructuras de congreso y consejos de los territorios indígenas del país, instando a sus autoridades máximas a “mantenerse en estado de alerta y permanezcan firmes en la defensa de sus derechos”.
“Reconocemos la valentía de nuestras autoridades tradicionales que siguen luchando por la seguridad territorial, buscando garantizar la seguridad de sus comarcas, de sus tierras colectivas, y procurando garantizar la seguridad de los territorios de aquellos pueblos que día a día ven con preocupación cómo son objeto de invasiones ilegales, pérdida de sus recursos naturales y afectación irreversible a sus tradiciones e historia”, dijo la organización.
