VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Por: Dr. Roberto Pérez, docente investigador de la Universidad de El Salvador y doctor en ciencias de la comunicación.
Su internet es como una pista de aterrizaje o más bien una verada por la que debe abrirse paso para llegar a su destino
El día del internet parece ser una buena oportunidad para reflexionar las políticas públicas de acceso al ciber espacio que cada vez sustituye nuestros espacios de interacción social. Si antes nos relacionábamos en la sociedad viéndonos a los ojos, la internet ahora sustenta nuestras relaciones en la sociedad red, como la denominó Manuel Castells al referirse a la conectividad global a través de la tecnología de la información.
Pese al optimismo de la sociedad red en cuanto a información, así como los medios de comunicación tradicionales distan de ser espacios democráticos, la internet aún lo es menos, aunque en apariencia se creyera que sí lo es. Hasta ahora, los medios tradicionales nos han ofrecido un servicio gratuito, financiado a través de la publicidad comercial; mientras que el acceso a las plataformas de difusión por internet no va por esa vía. La internet dista de ser un servicio público gratuito ofrecido por el Estado; todo lo contrario, lo que existe es un servicio privado de un bien público, lamentablemente, parecido al agua o a la electricidad. En los tres casos, se trata de un derecho humano.
En El Salvador, según los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del 2021, el acceso total de la población que reconoce tener un servicio de internet en sus hogares es del 28.63%. Crece en las zonas urbanas con un 40.93% y decrece en las zonas rurales con un 8.42 %.
Sin embargo, en mi estudio sobre radiodifusión convergente, el dato en el 2021 indicaba que el 50.1% de los encuestados manifestaban tener internet en algún momento, el 49.9 % no. Los servicios de internet son un recurso de pago, que, si bien, para atraer la atención de los clientes habilitan el acceso a internet vía Wifi, esto no significa que sea un servicio público.
Servicio público sería el que ofrece el Estado, sea gratuito o subsidiado. Existen experiencias en el mundo que han puesto en práctica diversos modelos de acceso democrático a la red. Desde el subsidio a cierto ancho de banda, hasta ofrecer un red pública de internet de servicio público. Esta visión no es caprichosa, y forma parte de la gobernanza del internet que promueve la UNESCO cuando afirma tácitamente que “su carácter como medio de comunicación global es el de un espacio público y, por lo tanto, su gobernanza debe ser ejercida bajo los principios de un recurso público y no simplemente como un asunto de contratos privados”.
Lamentablemente, tanto la gobernanza y la disminución de la brecha digital no ha avanzado suficiente, pese a que fue un principio acordado por los Estados en la declaración de Santo Domingo (2006) en la Asamblea de la OEA, o la agenda Túnez, en la cumbre mundial de la información (2006), considerando que la internet “debería ser transparente, multisectorial y democrática”, por tratarse de “una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos hoy en día incluyendo especialmente los derechos a la libertad de expresión y opinión, asociación y reunión, educación, salud y cultura”
La falta de acceso al internet incrementa la vulnerabilidad y profundiza la desigualdad y termina siendo otro escenario de exclusión social. No se puede pensar de manera distinta cuanto más de la mitad de la población no tiene un acceso regular a internet mientras el mundo se configura alrededor del ciberespacio con sus subsecuentes consecuencias.
Las políticas del Estado deberían prestar más atención a estas discusiones. Por ejemplo, el gobierno actual ha logrado dotar de computadoras o Tablet a estudiantes de las escuelas públicas, ofreciendo una USB con datos para su acceso a internet. Si bien, es un paso importante, vale la pena mencionar que este acceso viene restringido para determinadas plataformas. Dos aspectos se deben destacar. Primero: hay un subsidio manifiesto del internet a un sector de la población que forman parte del sistema de educación pública. Segundo: el Estado está regulando el uso de este internet para enfocarse en los contenidos formativos del estudiante. Acceso y regulación.
Al verlo de esta manera, es necesario que este acceso sea más amplio y que por efecto sea compartido de los padres a los hijos como beneficios de una red pública. Esto es posible porque, desde 2015, la Red SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central), copropietaria de los países de la región, no solo tienen la conectividad de electricidad, sino también telecomunicaciones que posibilitan un mejor manejo de trasferencia de datos para configurar sus propias redes de internet, pero, como beneficio público, no ha sucedido en la región, pues aún privilegian la lógica del beneficio del mercado.
Así los Estados siguen dependiendo de los servicios que presta el sector privado. Incluso, más reciente, en El Salvador, se ha incorporado el servicio de internet satelital de la empresa Starlink con una oferta para grandes clientes. El gobierno salvadoreño anunció con el Ministerio de Educación que contratará sus servicios para escuelas públicas de difícil acceso: un gasto anual de varios millones de dólares.
Ahora, frente a los peligros que representa el internet y la diversidad de contenidos a disposición, ha surgido este año el debate de la regulación de las plataformas. La UNESCO emitió las “directrices para regular las plataformas digitales” pretende abordar “los contenidos ilegales y contenidos que podrían poner en riesgo significativo la democracia y el disfrute de los derechos humanos [y] debe incluir la garantía de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y otros derechos humanos”. Estas nuevas disposiciones le confieren a los Estados mecanismos de protección para los ciudadanos y de autorregulación para los propios gobiernos frente a las amenazas que puede significar la calidad de la información, la desinformación, los discursos de odio, discriminación, entre otras infodemias. También debe sumarse al debate la falta mecanismo de control tributario para estas plataformas que se lucran de la producción de contenidos de los ciudadanos sin pagar ningún impuesto.
Por eso, el acceso al internet y su regulación son dos variables determinantes para el fortalecimiento de la institución del Estado que enfrentan grandes retos por asumir. La ventaja es que cada vez hay más documentación que emerge en el sentido de ampliar los horizontes del internet que necesitamos los salvadoreños. Mientras no abordemos seriamente estas discusiones, la celebración del día del internet será para unos pocos: unos gozaran de autopistas libres; mientras otros transitarán, si acaso, por veredas y caminos vecinales para alcanzar su destino. Tal como es la sociedad, es la sociedad red.
