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Desde el 11 de enero de 2023, cinco personas vinculadas al extinto grupo guerrillero, Resistencia Nacional (RN), fueron capturadas por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) siguiendo una orden de detención administrativa emitida por la Fiscalía General de la República (FGR). A raíz de esto, el 8 de marzo distintas oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) escribieron al gobierno para consultarle sobre alegaciones de una posible detención arbitraria de las cinco personas, la utilización del derecho penal en contra de defensores de derechos humanos -pues son defensores del medio ambiente- y la vulneración del debido proceso y otros derechos humanos.
El gobierno tenía 60 días para responder ante la solicitud de información para esclarecer las dudas del organismo internacional. Como tal, contestaron el 6 de mayo de 2023, exactamente en el día 60. En el documento de contestación desglosaron los seis puntos solicitados por la ONU. Particularmente llama la atención el punto dos relacionado con la explicación de la base legal de la detención.
En este, el Estado salvadoreño mencionó que pudo determinar la supuesta participación de las personas acusadas a partir de varias diligencias, una de ellas siendo la obtención del organigrama de la RN específicamente en el departamento de Cabañas, documento que fue proporcionado por el Ministerio de la Defensa Nacional.
Tomado del documento de la respuesta del Estado a las consultas de la ONU. El documento fue compartido por la misma ONU.
En otras palabras, el Ministerio de Defensa brindó a la Unidad de Investigación de Delitos cometidos Durante el Conflicto Armado (UIDCA) de la FGR la jerarquía organizacional de la RN en Cabañas, que permite establecer quiénes daban las órdenes y quiénes las ejecutaban; información muy específica.
De esta acción florece la pregunta de por qué en otros casos relacionados a crímenes cometidos durante el conflicto armado el Ministerio de Defensa se niega a entregar archivos críticos y claves para la investigación de los delitos.
En el caso de El Mozote y lugares aledaños, el gobierno de Nayib Bukele ha bloqueado en reiteradas ocasiones el acceso a los archivos militares; siendo una de las últimas veces el incumplimiento de una orden judicial para acceder a los archivos emitida por el exjuez del caso, Jorge Guzmán.
Esto a pesar de que el mismo Bukele había prometido abrir los archivos “de la A a la Z”. En un acto mediático, el gobierno colocó 5 binders etiquetados desde el 2015 hasta el 2020, diciendo que con esto desclasificaba los archivos pertinentes al caso. Sin embargo, el jefe del equipo de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, aseguró que los archivos se trataban de material que ya tenían en su posesión.
El acto del gobierno salvadoreño sirvió para su mismo beneficio, no para las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Fotografía tomada del sitio web de Presidencia
En el caso de la Masacre del Sumpul, donde fuerzas militares salvadoreñas y hondureñas asesinaron a más de 600 personas, tampoco se ha permitido el acceso a los archivos militares. En la reciente conmemoración de los 43 años desde la masacre, las familias de las víctimas y sobrevivientes del crimen aseguraron que la apertura de los archivos ayudaría a esclarecer detalles críticos para el avance del caso.
En 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al Ministerio de Defensa que entregara en un plazo de 50 días información relacionada con las intervenciones militares realizadas en la Universidad de El Salvador desde 1970 a 1995. En caso de que los documentos no hubieran sido encontrados, el organismo especificó que el ministerio recuperara o reconstruyera toda la información.
La información no se entregó.
En el caso de los 4 periodistas holandeses, hasta 2021 se habían realizado 15 solicitudes de información al Ministerio de Defensa. Sin embargo, el ente militar no ha colaborado con estas peticiones que podrían ayudar a concertar detalles claves.
“Son archivos que contribuyen a que se encuentre toda la verdad y se haga justicia en este crimen de lesa humanidad. Esconder o no entregar los archivos sobre este caso y en los demás casos del conflicto pasado, significa que son cómplices de la impunidad que reina en el país”, dijo el presidente-director de la Fundación Comunicándonos, Oscar Pérez, sobre la tendencia del comportamiento del Ministerio de Defensa.
¿Por qué el Ministerio de Defensa entrega archivos críticos para avanzar ciertos casos, y en otros, destacados en el Informe de la Comisión de la Verdad, no lo hace?
Al final, estas decisiones arbitrarias terminan afectando únicamente a las mismas personas: las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad.
