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La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) exigió al Estado salvadoreño y a todas las instituciones obligadas y comprometidas por la Constitución y convenios internacionales a tomar acciones para garantizar el respeto de los derechos de la clase trabajadora, los cuales siguen en situación de vulneración, dijeron.
Al respecto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras, aseveraron que “en todas las situaciones de violación de derechos humanos –y laborales- , se ha presentado petición a estas instancias, pero ninguna ha dado el apoyo concreto y eficaz, protegiendo como una obligación del Estado a ese derecho vulnerado”.
Asimismo, denunciaron la “infinidad” de vulneraciones a derechos laborales y los casos de despidos injustificados que se han registrado durante la administración actual y en los cuales han tenido en su mayoría un factor común: el incumplimiento del debido proceso, explicó Elías Evangelista, integrante de la MPJL, durante una conferencia de prensa.
En este sentido, señaló que trabajadores, luego de ser despedidos injustificadamente, han acudido a instancias jurídicas para exigir justicia. Estos en algunos casos han logrado obtener sentencias en las que se determina que el despido injustificado pasa a ser nulo y pueden ser reinstalados. Sin embargo, no se procede.
“Es ahí que existe un quiebre jurídico”, señaló Evangelista debido a que al no ser reinstalados no reciben sus salarios, y sus condiciones de vida, como la de sus familiares y personas dependientes económicas, se perjudican.
Por otra parte, Sonia Mestanza, otra integrante de la Mesa, aseguró que hasta la fecha alrededor de una veintena de personas sindicalistas han sido detenidos “simplemente por ejercer nuestros derechos como la Constitución y los convenios nos llaman”.
Frente a este escenario, la MPJL exigió el cese a la “criminalización” de las personas organizadas y sindicalistas, el restablecimiento de las libertades democráticas y el orden constitucional y el respeto de sus derechos laborales.
Asimismo, demandaron al Estado salvadoreño la implementación de acciones para contrarrestar la situación económica del país, tales como el incremento general del salario y la reducción del salario y gastos innecesarios de los altos funcionarios de los distintos Órganos del Estado.
