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La diputada Claudia Ortiz llamó a la comunidad internacional a pronunciarse por las violaciones a derechos humanos en El Salvador que están ocurriendo contra población inocente en el marco del régimen de excepción, una situación que el gobierno negó ante Naciones Unidas, según objetó la parlamentaria.
“Hacemos un llamado a las naciones amigas, hermanas en solidaridad con nuestro pueblo a que se pronuncien sobre lo que pasa en El Salvador”, expresó en rueda de prensa.
A finales de julio, la Misión Permanente de El Salvador presentó ante seis mecanismos de la ONU un reporte sobre las medidas adoptadas por el gobierno desde el 27 de marzo, día en que se decretó el régimen de excepción vigente en el país.
Este fue solicitado debido a que la ONU mantiene una “seria preocupación” por la información desde El Salvador, la “cual podría sugerir la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como de eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes”, reza la comunicación de Naciones Unidas divulgada el 1 de junio pasado en Ginebra, Suiza.
“El Estado no quiere hacerse responsable de una de sus principales atribuciones que es garantizar los derechos humanos en el país”, aseveró la diputada Ortiz.
Agregó que los derechos humanos no competen solamente a los defensores, este “es un tema universal y la sociedad salvadoreña está viendo con sus ojos como hay un Estado que está violentando, que está llevando a personas inocentes a la cárcel, que no les está permitiendo ver a sus familiares, que no les está permitiendo garantizar la integridad de su vida”.
La solicitud de la ONU del 1 de junio pasado fue firmada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
