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En una sesión plenaria extraordinaria que inició el sábado 26 de marzo y que finalizó pasadas las tres de la madrugada del domingo 27 de marzo del 2022, 67 diputados dieron sus votos para la aprobación y entrada en vigencia del régimen de excepción. Desde entonces la medida ha sido prorrogada cada 30 días.
Casi un año y medio ha pasado desde que los legisladores aprobaron la suspensión de ciertas garantías constitucionales para que los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) intentaran brindar seguridad a los salvadoreños luego de un fin de semana donde fueron asesinadas 87 personas.
Según reveló el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, hasta agosto del 2023 se han capturado a más de 72 mil personas dentro del régimen de excepción, de las cuales siete mil fueron liberadas ya que se demostró su inocencia.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) lanzó una serie de cuatro informes titulados (In)Debido Proceso, que examinan las reformas introducidas junto con el régimen de excepción en El Salvador. Uno de los informes relata que organizaciones civiles han documentado más de 6,400 casos de abusos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo 174 fallecimientos de personas bajo custodia estatal y alegaciones de tortura.
«En un momento en el que el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos individuales es crucial, la sociedad civil, la comunidad internacional y todos los actores involucrados deben prestar atención a los posibles abusos del poder punitivo. A través de (In)Debido Proceso, buscamos contribuir a la discusión desde una mirada técnica y promover una reflexión profunda sobre la importancia de preservar el debido proceso para evitar situaciones de injusticia y arbitrariedad intolerables», enfatizó Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de DPLF.
Para integrantes de DPLF la detención provisional ha encendido las alarmas, ya que se ha convertido en una medida indefinida que no tiene la posibilidad de ser revisada o reemplazada por el juez. Según el primer informe de la serie, esta práctica afecta directamente el derecho de la libertad personal, afectando de manera desproporcionada a grupos ya vulnerables en la sociedad, como las mujeres, los jóvenes en situación de pobreza y las personas LGTBIQ+.
Por tanto, la organización de la sociedad civil recomienda al Estado salvadoreño brindar recursos judiciales efectivos para que las personas detenidas puedan denunciar violaciones y abusos cometidos por las autoridades policiales, investigadoras o judiciales y obtener protección.
