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A más de un año desde la aprobación del régimen de excepción en El Salvador, tres expertos de Naciones Unidas reiteraron al Estado la inmediata derogación de esta medida debido a que socava el derecho al juicio justo.
“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, sostuvieron los expertos en un comunicado.
Según los expertos, muchas de las detenciones registradas en el marco del régimen de excepción han sido arbitrarias y otras han supuesto desapariciones forzadas de corta duración.
Asimismo, señalaron que, de acuerdo con informes recibidos, han habido audiencias iniciales de hasta 500 personas.
“Las audiencias y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, dijeron los expertos.
El régimen de excepción fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022. Con esto, garantías constituciones fueron –y siguen- suspendidas con el fin de tener herramientas para combatir la criminalidad en El Salvador y mantener la seguridad pública.
En conjunto con el régimen de excepción, el cuerpo legislativo ha aprobado una serie de reformas a ciertas leyes, entre ellas al Código Penal, como la que permitió la práctica de jueces sin rostro, la prohibición de medidas alternativas, entre otras prácticas. Esto atenta contra las garantías del debido proceso judicial, señalaron los expertos.
“Este nivel de interrupción e interferencia en el sistema de justicia salvadoreño corre el riesgo de limitar el acceso a la justicia para todos y todas en el país” y “conlleva demoras indebidas tanto en procesos civiles como penales, tiene un impacto negativo en las garantías del debido proceso, en la protección contra la tortura y el derecho a la vida, y puede conducir a un aumento del hacinamiento en los lugares de detención”, sostuvieron.
Hasta el 12 de mayo, mediante el régimen de excepción y distintas reformas, el total de detenidos por supuestamente estar ligados a grupos criminales ascendía a 68,579, entre ellos menores de edad. De estos, cerca de 5 mil han sido liberados, afirmó recientemente el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro
Los expertos Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la Promoción y la Protección de los Herechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha Contra el Terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; instaron al Estado salvadoreño a revisar los “amplios nuevos poderes que ha introducido para abordar el problema de las pandillas en el país”.
