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Organizaciones ambientalistas demandaron al Estado salvadoreño a que cumpla efectivamente con la Ley de Prohibición de la Minera Metálica que, pese a que fue aprobada hace seis años, la problemática minera sigue latente en el territorio.
“La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de: exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo. También, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica”, establece el artículo 1 de la Ley de Prohibición Minera Metálica.
La Ley de Prohibición Minera Metálica estableció la total prohibición de toda actividad con fines de extracción minera. Asimismo, el Ministerio de Economía, coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se encargarían de los cierres de minas metálicas y de “la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas, para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano”, según se estableció en el artículo 6.
Sin embargo, a seis años de la prohibición de la minería, las organizaciones aseguraron que el Estado salvadoreño no ha ejecutado ni los cierres técnicos de los 15 pasivos mineros ambientales o minas en abandono, no ha implementado procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas en las zonas afectadas, que en su mayoría se encuentran al norte de San Miguel, Morazán y La Unión; y tampoco se ha concretizado la prohibición de la minería metálica artesanal.
Las consecuencias de estas prácticas mineras repercuten especialmente en la vida de las mujeres debido a que ellas, por razón de los roles de género tradicionales, fungen un papel determinante en el cuido de “enfermos por causa de la contaminación, proveer agua en una zona que tiene su río asesinado por la minería, búsqueda de alimentos que ya no da el río, entre otros”, señalaron.
Por otra parte, destacaron que durante los últimos años el Estado salvadoreño ha implementado acciones como la aprobación de la Ley para la Creación de la nueva Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas; entre 2021 y 2022, la aprobación de 1,586 permisos ambientales, la falta de pronunciamiento para defender las aguas transfronterizas de las empresas mineras que operan en los países vecinos, entre otras, las cuales, representan una amenaza de reactivación de la minería metálica en el país.
La Alianza Centroamericana frente a la Minería, la Mesa Frente a la Minería y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, junto a otras organizaciones ambientales que las integran, reiteraron al Estado salvadoreño la exigencia de mantener la minería en total prohibición y la implementación de acciones para no permitir de nuevo las consecuencias generadas a través de estas prácticas.
“Donde hay minería se agudiza la pobreza, que lleva a otras carencias como la salud, educación, vivienda digna y tierra para cosechar”, agregaron.
