viernes , junio 14 2024
Foto: David Ramírez, periodista de VOCES

Naciones Unidas recomienda al Estado salvadoreño implementar medidas sostenibles a largo plazo para la inseguridad y el crimen en lugar de la represión


A un año de la aprobación del régimen de excepción, Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instó al Estado salvadoreño la adopción de soluciones sostenibles de largo plazo para contrarrestar la inseguridad y la criminalidad, en lugar de medidas represivas a corto plazo.

“Para encontrar soluciones sostenibles a largo plazo para la inseguridad y el crimen, se deben abordar las causas fundamentales de la violencia de las pandillas, como las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales y gobernanza efectivas”, señaló Hurtado.

Hurtado reconoció los desafíos que plantean la violencia generada por los grupos delictivos. Sin embargo, manifestó su preocupación por el régimen de excepción y otras medidas que han acarreado graves violaciones de derechos humanos.

Aseveró que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, pero debe “hacerlo en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.

Por un año, la sociedad salvadoreña ha permanecido en un estado de suspensión de una serie de derechos constitucionales; condición que también preocupa a la OACNUHD debido a las violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias y los malos tratos crueles e inhumanos dentro de los centros penitenciarios. Un reporte de Cristosal, organización defensora de los derechos humanos, detalló que 132 personas habían muerto bajo la tutela del Estado.

“Recordamos a las autoridades la experiencia internacional que demuestra que confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los reclusos se reintegren con éxito a la sociedad. El derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de garantías judiciales, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción declarados”, dijo Hurtado.

Hasta finales de febrero, la cantidad de personas liberadas luego de que se comprobara su inocencia en el marco del régimen de excepción se estimaban entre los 3,745, según declaraciones del ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.

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