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La Mesa Permanente por la Justicia Laborales (MPJL) aseveró que El Salvador se ha convertido en un escenario permanente de violaciones a los derechos laborales y sindicales, una situación que ha evolucionado y profundizado desde 2019 a través de despidos masivos, criminalización de sindicales y eliminación de instituciones y sindicatos.
“La profundización de la crisis de violación a los derechos laborales y sindicales se escucha repetitivo, pero se está haciendo permanente. Hay cierre de instituciones, despidos de directivas completas de sindicatos de una forma arbitraria sin seguir un procedimiento y sin respetar el fuero sindical que constitucionalmente tienen y el ordenamiento jurídico de protección no está funcionando”, señaló Teresa Hernández, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) e integrante de la MPJL.
Como ejemplo de este escenario de vulneraciones señalaron los casos del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) que serían disueltas debido a la creación de la Dirección de Integración.
Esta situación causará el despido del personal de INSAFORP e INJUVE, la eliminación de los sindicatos de estos y la vulneración una serie de derechos humanos de las familias de los trabajadores, indicaron.
“Hay una política de eliminación de instituciones y no hay alternativas para los trabajadores”, aseveró Ovidio Hernández, de la MPJL.
De acuerdo con Salomón Alfaro, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), de 2019 a la fecha, son cerca de 21,000 personas que han sido despedidas figurando un “significativo retroceso al respeto y garantía del derecho laboral y sindical”.
“Este gobierno ha estado eliminando una serie de instituciones gubernamentales con el propósito supuestamente de ahorrar dinero, pero dentro de la eliminación de estas se da la situación que hay despidos masivos de trabajadores y, en segundo lugar, hay un atentado a la libertad sindical porque los sindicatos de trabajadores que existen en estas instituciones son totalmente eliminados”, dijo Alfaro.
“Ahora ya no es solo el ataque de los trabajadores por los despidos masivos, sino también es el ataque en contra de la libertad sindical”, agregó.
Los integrantes de la MPJL denunciaron también el deterioro de la seguridad judicial en el país. Al respecto, señalaron el caso de Miguel Ángel Ventura, Jorge Alberto Saravia y Francisco Antonio Lizama, trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Marcos que fueron capturados luego de hacer una protesta.
Ante esta “permanente situación de violaciones de derecho laborales y sindicales” también señalaron la “inacción” por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y la del presidente Nayib Bukele.
Con edición de Diego Hernández
