Ecuador elegirá el 7 de febrero un nuevo presidente, en un ambiente afectado por la pandemia, y con un Lenín Moreno con un 90 % de desaprobación ciudadana.
El pueblo ecuatoriano tiene cita con las urnas. El 7 de febrero próximo, este país sudamericano, deberá elegir un nuevo presidente, en un marco nacional y global afectado por la pandemia de la COVID-19 y una presidencia, administrada por Lenín Moreno con un 90 % de desaprobación ciudadana y una población, que según datos de empresas encuestadoras, en un 40 % no ha decidido su voto.
Elecciones que se presentan con un número récord de aspirantes (16) y estimadas las más convulsionadas desde el retorno a la democracia en Ecuador el año 1979. Situación derivada de tres hechos fundamentales y ya resueltos, pero que dejaron las aguas políticas, en este país del centro de Sudamérica muy agitadas: la posible participación del expresidente Rafael Correa el cual fue definitivamente inhabilitado. En segundo lugar, la posibilidad que la fórmula conformada por Andrés Arauz Galarza y Carlos Rabascall del Movimiento Unión Por la Esperanza (UNES), apoyada por el expresidente Correa pudiera ser frenada legalmente en sus aspiraciones a competir a lo que se sumó las acusaciones contra la fórmula ultraderechista alianza conservadora CREO-PSC, conformada por el empresario Guillermo Lasso finalmente la decisión del CNE que dejó fuera de las papeletas a la presidencia al binomio del Movimiento Justicia Social, conformada por el empresario Álvaro Noboa y Gino Cornejo, una decisión cargada de polémica y que según el análisis político ecuatoriano, consensuaba la idea que era el único capaz de oponerse con fuerza al binomio de Arauz-Rabascall.
En este escenario, Estados Unidos, a pesar de tener sus propias y enormes dificultades políticas internas, ha aumentado significativamente la presión sobre aquellos estados de América Latina cuyos líderes del ala progresista trataron e intentan construir una política interna y externa más soberana y alejada de los influjos negativos de Washington. Léase Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua entre otros sometidos a políticas de máxima presión por las administraciones estadounidenses. En el caso del régimen estadounidense, dirigido por el agónico mandatario Donald Trump, ha brindado a las autoridades actuales ecuatorianas la oportunidad de concretar una alianza de mutuo beneficio. Un gobierno presidido por Lenín Moreno, que ayudo a detener al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres a cambio de blanquear los delitos financieros de Moreno, tanto en el plano local como los millones de dólares depositados por él y testaferros familiares y socios en paraísos fiscales confirmando su política de dar un paso adelante en beneficio propio y dos atrás en desmedro del Ecuador.
