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La denuncia de la captura arbitraria y privación de libertad por casi once meses que sufrió el periodista comunitario salvadoreño Víctor Barahona fue elevada ante la Relatoría Especial sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). Él fue capturado en junio de 2022, en el marco del régimen de excepción. En mayo del siguiente año obtuvo medidas sustitutivas a la detención.
Fue la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que presentó hoy el caso ante el organismo a través de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El objetivo, detalló la organización de periodistas, es visibilizar lo que sufrió él y solicitar medidas de protección “específicas para garantizar la protección integral de Víctor Barahona y para abordar las circunstancias particulares que enfrenta”.
De acuerdo con Barahona, durante su privación de libertad, este estuvo en diferentes centros penales, entre estos “La Esperanza” e “Izalco”, en donde aseguró, fue víctima de torturas físicas y psicológicas.
Para la organización, este primer caso de un periodista capturado en el marco del régimen de excepción y sometido a prácticas de tortura, evidencia la creciente amenaza a la libertad de prensa y la inseguridad que enfrenta el gremio periodístico en el país. “La APES exige el cese a la criminalización de los periodistas en El Salvador”, aseveró.
“Aquí estoy para alzar mi voz, porque como lo he dicho siempre, no quiero que lo que me pasó a mí le pase a un colega o una colega periodista. Siempre he considerado que el periodismo es importante porque se trata de dar voz a quienes más lo necesitan. Por este motivo, nuevamente con apoyo de la Asociación de Periodistas de El Salvador, he decidido llevar mi caso ante el mecanismo de Naciones Unidas, específicamente ante la Relatoría Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos”, expresó Barahona durante una conferencia de prensa en la que explicó su motivo de continuar denunciando lo que él enfrentó.
APES y Barahona llamaron a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos a estar atentos en cómo avanza el caso y a apoyar las luchas por garantizar en El Salvador la libertad de prensa y la libertad expresión.
Con edición de Diego Hernández
