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La Unión Europea declaró el día de ayer, 10 de octubre, a la embajadora de Nicaragua ante este organismo, Zoila Yanira Müller Goff, como persona “non grata” en una repuesta “recíproca” de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt el mes pasado.
“Esta es una respuesta recíproca a la decisión del gobierno de Nicaragua el 28 de septiembre de declarar persona non grata al jefe de la Delegación de la UE en Nicaragua -Muscheidt-. La UE considera injustificada la decisión de Nicaragua”, señaló el Consejo Europeo en un comunicado oficial.
A finales de septiembre, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, exigió a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, su retirada del país lo antes posible debido a una supuesta “injerencia e irrespeto a la soberanía nacional” de parte de la Unión Europea, según informó la prensa local.
La decisión también se dio luego de que el organismo exhortó a Ortega a “devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense” y a “restaurar la democracia”, pronunciamiento hecho en el mismo mes.
Müller Goff fue nombrada el 18 mayo del 2022 como embajadora “extraordinaria y plenipotenciaria” en Bélgica, con sede en Bruselas.
Al declarar “non grata” a Goff, esto le acarrearía la expulsión inmediata de Europa. Sin embargo, por ser todavía embajadora en Bélgica, podrá permanecer en territorio europeo.
Durante la dictadura Ortega-Murillo, tanto organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales e instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y otras, han cuestionado la escalada represión y violación de derecho humanos por parte del gobierno.
La respuesta del Estado nicaragüense a los múltiples cuestionamientos internacionales ha sido el aislamiento.
En 2021, el país notificó su retiro de la OEA, cerrando y ocupando “ilegítimamente” las oficinas con sede en Managua, según lo calificó el organismo. Pese a su declaración de ya no ser miembro de la OEA, el artículo 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que deben transcurrir dos años a partir de la notificación para poder desligarse de la institución.
En 2018 también ordenó la expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, cuando se encontraba investigando la violencia perpetrada por el Estado durante las protestas del mismo año.
Todo esto, abonado a recientes críticas contra gobiernos como Chile, el papa Francisco y la Iglesia católica, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Brian Nichols, principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica y quién se ha pronunciado también por los presos políticos y demás violaciones a la democracia en Nicaragua; entre otros.
“Hay un señor allí que sale constantemente dando declaraciones con una cara bastante brava, pareciera un perro bulldog de esos bravos. Se llama Brian Nichols”, arremetió Ortega en uno de sus discursos el pasado 29 de septiembre.
Por su parte, la UE tras la declaración reciproca contra Goff, señaló que continuarán comprometidos con el Estado nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
“La actual crisis política en Nicaragua debe resolverse a través de un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición. La UE permanece abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa”, indicó el organismo.
