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Organizaciones como Cristosal, AMATE, Servicio Social Pasionista, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre otras, destacaron en un informe que en los dos años que lleva en vigencia el régimen de excepción se han registrado 16,289 violaciones a los derechos humanos que se traducen en las 6,305 denuncias de vulneraciones que han recibido y documentado por parte de la sociedad civil desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción, hasta el 15 de marzo de 2024.
Dentro de las vulneraciones a los derechos humanos se encuentran detenciones arbitrarias o ilegales, seguido de violaciones al debido proceso, allanamientos de moradas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y hostigamientos. También agregaron desapariciones forzadas, confinamientos, discriminación por orientación sexual, entre otras, incluidas las al menos 244 personas que han muerto bajo tutela del Estado salvadoreño dentro de centros penales.
Esta medida, aprobada por la Asamblea Legislativa tras un fin de semana de marzo con más de 80 muertes, ha permitido que los cuerpos de seguridad hayan capturado a 79,184 personas. La Policía Nacional Civil le adjudican el 90 % de participación en casos de violaciones a derechos humanos, seguido de la Fuerza Armada de El Salvador.
En este contexto, las organizaciones en conjunto reiteraron al Estado salvadoreño a derogar dicha medida, junto a las reformas aprobadas en ese periodo de tiempo, las cuales calificaron como “regresivas en material penal y procesal penal”.
Asimismo, urgieron a todas las autoridades nacionales agilizar los procesos judiciales pendientes de las personas acusadas, respetando el debido proceso y el acceso a la justicia, y, además, el pleno respeto de los derechos humanos de las personas detenidas de los diversos sectores poblacionales.
Con edición de Morena Villalobos
