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La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista y junto a la Asamblea Feminista, dieron a conocer un nuevo caso de una joven de 19 años encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica. Aseguraron que, en el caso, las autoridades salvadoreñas están aplicando términos del régimen de excepción, retrasando la justicia y otros derechos humanos.
«Nos estamos pronunciando y estamos defendiendo un nuevo caso de una joven de 19 años del interior del país, de la zona de oriente, quien tras sufrir una emergencia obstétrica en el centro de salud para solicitar atención médica es denunciada, esposada a la camilla y trasladada del hospital a la cárcel», aseveró Ivone Polanco, de la Agrupación Ciudadana.
Este nuevo caso solo confirma, a juicio de las organizaciones, que El Salvador continúa criminalizando a mujeres que enfrentan dificultades durante el embarazo como producto de la vigencia de «una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto», pues en el país todo tipo de interrupción al embarazo es perseguido penalmente.
Sobre este escenario, las organizaciones recalcaron que el país ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de violentar los derechos de Manuela, una mujer que también fue criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica en 2008. Ella fue condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado y falleció dentro de prisión, pues no pudo tratarse oportunamente un cáncer en el cuello debido a su privación de libertad.
Como resultado de la sentencia de la Corte IDH, el Ministerio de Salud del país creó el protocolo de Abordaje de las Emergencias Obstétricas, que establece que no se deberá posponer bajo ninguna circunstancia la atención médica oportuna, priorizar la atención de la emergencia obstétrica y que no debe realizarse ninguna acción encaminada a aclarar la presunción de algún “acto delictivo”, pues vulnera el secreto profesional y además retrasa la atención médica. Este instrumento no se tomó en cuenta en el más reciente caso, indicaron las organizaciones.
Respecto de la aplicación del régimen de excepción a estos casos, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación, denunció que esto solo retrasa el acceso a justicia, la presunción de inocencia, la atención médica y el derecho a un debido proceso.
“Una emergencia obstétrica es un problema de salud de las mujeres y de las personas gestantes. Debe abordarse con servicios de atención y cuidados de salud y no como un problema de seguridad. Cuando el Estado salvadoreño trata las emergencias obstétricas con las herramientas del régimen de excepción está cometiendo una doble discriminación y violación de derecho, porque criminaliza a mujeres pobres y porque las trata como delincuentes que amenazan la seguridad de la sociedad y esto no es así”, dijo.
De acuerdo con las organizaciones, desde 1998 hasta el 2019 registraron, con base a una investigación, aproximadamente 181 casos de mujeres criminalizadas.
Las organizaciones aseguraron que continuarán luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas y también por la libertad de la joven de 19 años, recientemente encarcelada.
