El 27 de marzo del 2024 se cumplieron dos años de mantener en vigencia el régimen de excepción y según reveló la encuesta ciudadana realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 92 de cada 100 salvadoreños están en desacuerdo con la perdida de garantías constitucionales que dicha medida conlleva.
Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la UCA, señaló que desde agosto de 2022 solo tres derechos están suspendidos (el derecho a la defensa, la extensión del plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones). Sin embargo, por “de facto”, al cometerse capturas sin orden judicial y la recaptura de personas ya procesadas incluso con procesos penales cerrados, otros derechos también están suspendidos, indicó Serrano.
La encuesta también muestra que una parte significativa de la población está de acuerdo con el régimen de excepción: el 60.9% dijo que se siente “muy beneficiada”, el 69.1% opinó que esta medida debe prorrogarse más tiempo y calificaron con una nota de 8.13 al régimen de excepción en su segundo año de vigencia. Durante el primer año la nota fue de 7.92.
“La gran mayoría de salvadoreños y salvadoreñas no conocen o no se les ha informado sobre en qué consisten estas suspensiones. Al explicarle a las personas en qué consisten y la mayor parte de las personas al darse cuenta muestra desacuerdo”, agregó.
De acuerdo con múltiples organizaciones de derechos humanos, hasta el 27 de marzo de 2024, más de 16,298 violaciones a derechos humanos fueron registradas traducidas en 6,305 denuncias. Entre una de las principales vulneraciones: las detenciones arbitrarias o ilegales. Esta situación la confirma la encuesta IUDOP pues al consultarles a las personas cuál es el principal fracaso del régimen de excepción luego de dos años de sus vigencias, estas respondieron que las detenciones de personas inocentes.
Con edición de Morena Villalobos