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A casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, las juntas de agua de todo el país continúan frente a obstáculos para la inscripción de sus pozos o fuentes de agua ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), configurando un escenario en el que de alrededor de 2500 juntas, a la fecha, únicamente lo han conseguido 439 juntas, denunciaron diversas organizaciones.
La Red Nacional de Juntas de Agua (REDNA) y el Foro del Agua manifestaron su “profunda” preocupación ante el escenario anterior debido a que se trata de más del 80% de las juntas que no han podido registrarse. Mientras tanto, sí han logrado hacerlo con éxito 18,731 empresas. El proceso para la inscripción y sus requisitos, pese a las diferencias de condiciones y fines del uso del agua entre ambos sectores, son los mismos, señalaron.
“Nuestra preocupación precisamente es por este proceso de legalización del robo y del despojo del agua porque lo que vemos es que los empresarios, los regantes de caña de azúcar, los industriales; los que tienen los recursos, ellos no han enfrentado ningún problema para el registro y la legalización del agua. El problema lo tienen las personas y el sistema comunitario”, sostuvo Carlos Flores, representante del Foro del Agua.
Entre algunos obstáculos a los que se enfrentan las juntas, mencionó Flores, se encuentran la legalidad de los terrenos de estas, pues en algunos casos fueron donados a la comunidad sin tramitar la legalización correspondiente, en otros casos los terrenos le pertenecen al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) o a una municipalidad, y estos se han negado a entregar las propiedades.
A estos se suman que muchas de las juntas no cuentan con la información completa sobre los procesos para inscribir sus fuentes de agua. Es decir, desconocen la ley. Algunas personas de las comunidades no pueden leer o escribir, y los mecanismos del ASA “no son adecuados” para las realidades de las juntas, agregó Flores.
“Pareciera una estrategia macabra para despojar del agua a los empobrecidos como siempre se ha hecho en el país”, expresó Flores.
Para las organizaciones y comunidades preocupa este escenario, pues el derecho humano al agua se encuentra amenazado. Frente a esto, llamaron al ASA y demás instituciones a apoyar a las juntas a través de la implementación de un programa de información, apoyo técnico y financiero de acuerdo con las necesidades de las juntas, así como a suspender la emisión de permisos de exploración y explotación en favor de las empresas privadas mientras las situaciones de las juntas de agua no mejoren.
Con edición de Diego Hernández
