VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Los despojos de nacionalidad en contra de más de 90 nicaragüenses anunciado por la dictadura nicaragüense el pasado 15 de febrero, constituye un crimen de lesa humanidad, aseveró el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica.
“Entre las 94 personas criminalizadas se encuentra la Dra. Vilma Núñez, presidenta de Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH), organización miembro de este espacio. También se ha tenido conocimiento que han sido procesados periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas consideradas como opositoras al oficialismo, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad”, señaló el Equipo Regional en un comunicado.
Otros de los afectados dentro de esta lista fueron los escritores Gioconda Belli, Sergio Ramírez; los periodistas Patricia Orozco, Carlos Fernando Chamorro, Wilfredo Miranda Aburto y el diplomático y exembajador ante la OEA, Arturo McFields.
El Complejo Judicial Central de Managua declaró a estos 94 nicaragüenses como “traidores a la Patria”.
La misma resolución les impuso a los ahora ex ciudadanos, penas como la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos en Nicaragua, la inhabilitación para ejercer cargos de elección popular, la perdida permanente de derechos ciudadanos, la inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos los inmuebles que los procesados tengan inscritos a su favor. Además, fueron declarados “prófugos de la justicia”.
“Esta resolución es producto del colapso democrático en Nicaragua, con un sistema judicial completamente colapsado y una sistemática violación a los derechos humanos en el país”, sostuvo la organización.
En total, se contabilizan 316 nicaragüenses a quienes se les arrebataron sus derechos civiles y políticos: los 222 presos políticos que fueron desterrados y despojados de su nacionalidad el pasado 9 de febrero y los otros 94 nicaragüenses el 15 de febrero.
“Nicaragua está ante la total demolición de su democracia”, reiteró el Equipo Regional de Monitoreo.
