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Según el mapa de embarazo en niñas y adolescentes del Fondo de Población de Naciones Unidas, en 2022 se registró una tasa de embarazo de 19.1 % en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años en El Salvador.
“Una de nuestras demandas es que se presente a la comisión correspondiente las iniciativas sobre Educación Integral en Sexualidad para que el Estado legisle a favor de las niñas y las mujeres y garantizar su integridad”, así lo expresó Keyla Cáceres, defensora de derecho humanos e integrante de la Asamblea Feminista en el marco del 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
Según estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tener conocimiento sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS), proporciona a la niñez y juventud una educación basada en derechos humanos, igualdad de género, relaciones y reproducción. El propósito de la EIS es preparar a niños y jóvenes sobre conocimientos básicos, habilidades, actitudes y valores que les permitan un desarrollo íntegro de su salud, bienestar y dignidad.
En la sentencia publicada sobre el caso de Manuela y otros vs El Salvador, se determina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) considera pertinente ordenar que, en un plazo de dos años, el Estado diseñe e implemente dentro de los programas escolares contenido específico sobre la sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea discriminatorio, que esté basado en pruebas, que sea científicamente riguroso y adecuada en función de la edad.
En 2021 se archivó la iniciativa de ley denominada “Reforma Beatriz”, actualmente la junta directiva de la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la iniciativa “Niñas no madres”, que propone erradicar los embarazos en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Sin embargo, las organizaciones feministas expresan que la respuesta del Estado ha sido que las iniciativas de ley se encuentran en estado de introspección.
La CorteIDH a través de la sentencia del caso de Manuela, también ordenó al gobierno “establecer mecanismos efectivos y accesibles para informar a las mujeres a nivel local, en particular aquellas en situación de pobreza y ruralidad, sobre sus derechos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”.
“El Salvador todavía no ha dado paso en materia de derechos sexuales y reproductivos para salvaguardar la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres”, expresó Lissette Alas, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, haciendo un llamado a las autoridades correspondientes a que la falta de educación integral en sexualidad sea vista como un tema de salud pública que afecta principalmente al 53 % de la población salvadoreña compuesta por mujeres y personas gestantes.
Con edición de Morena Villalobos
