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El organismo internacional ha solicitado tres veces audiencias con el Estado salvadoreño. A dos se presentaron únicamente las organizaciones de sociedad civil y esta fue la primera a la que asistió el Estado, afirmaron diferentes defensores de derechos humanos.
“Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido esta mañana al hecho de que en El Salvador existen torturas, que existen violaciones a la libertad de expresión, que existen seguimientos o algún tipo de acosos contra periodistas”, planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el colombiano Andrés Guzmán Caballero, recién nombrado comisionado presidencial para los derechos humanos.
El pasado 14 de julio, la CIDH sostuvo una audiencia con diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos representantes del Estado salvadoreño. Entre ellos el comisionado Andrés Guzmán, el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, representantes de la Dirección General de los Centros Penales (DGCP), entre otros.
El tema central sobre la mesa: los “Derechos humanos y el estado de excepción en El Salvador”. La última, una medida abanderada por la actual administración como política de seguridad pública, aprobada por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista el 27 de marzo de 2022. 16 veces ha sido prorrogada hasta la fecha y con indicios que existan más prórrogas.
De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde marzo, los cuerpos de seguridad han capturado más de 71,000 personas por supuestos vínculos a grupos criminales o delincuenciales.
De estos, “nadie ha sido juzgado”, aseguró Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, ante la CIDH.
Navas explicó que hasta la fecha han sido liberadas, con medidas sustantivas, 6,000 personas tras ser detenidas y estar en prisión. Otras 174 han fallecido dentro de estas y asimismo “ninguna calificada como culpable”.
Alejandra Burgos, defensora de derechos humanos, aseguró que, durante la vigencia del régimen de excepción, en 2022 se registraron 182 casos de agresiones contra otros defensores. De estos casos derivan 244 tipos de agresiones y, en su mayoría, cometidos por parte de agentes estatales, seguidos de funcionarios.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Periodistas en El Salvador, Angélica Cárcamo, sostuvo que en el mismo año se reportaron 136 casos de agresiones en contra de personas periodistas. 17 personas también se han visto obligadas a movilizarse o autoexiliarse del país, agregó.
Diferentes integrantes de la CIDH formularon preguntas como ¿(el régimen de excepción) es una herramienta de su política criminal para controlar la situación generalizada en El Salvador?, o si se han generado procesos de reparación para las 6,000 personas liberadas y “detenidas por error”, o sobre cuáles fueron las condiciones en las muertes correspondientes de los 142 casos que fueron archivados recientemente por la FGR.
Sobre los planteamientos y la negación por parte de los representantes del Estado salvadoreño, las organizaciones que participaron en la audiencia, entre ellas Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), manifestaron que la participación del Estado fue sin fundamentos y no proporcionaron datos que sumaran a la realidad de El Salvador.
“El Salvador sigue negando violaciones a derecho humanos (durante el régimen de excepción)”, aseveraron.
Zaira Navas sostuvo que tanto el comisionado y los otros representantes «no contestaron porque saben que la respuesta es que todo lo que se está haciendo es violatorio a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque ya no es un régimen de excepción es un régimen permanente de violación al derecho humano y restricción de la población salvadoreña».
Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a exhortar a El Salvador a derogar el régimen de excepción. Asimismo, a que investiguen y sancionen a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos y los casos de muertes dentro de prisión bajo tutela del Estado.
Asimismo, a que se proporcione “información veraz” sobre la situación de personas privadas de libertad, a sus defensores y familiares y elaborar y dar a conocer un registro público con el número de personas detenidas, excarceladas y fallecidas durante este contexto, dijeron.
Además, que se les garantice a los periodistas y defensores de derechos humanos a hacer sus labores con plenas garantías y sin hostigamientos.
Finalmente, las organizaciones insistieron a la CIDH a visitar a El Salvador para verificar la situación de derechos humanos, “incluyendo los graves impactos del estado de excepción en la población privada de libertad”. Solicitud a la cual el organismo afirmó tener completa disposición, pero es necesaria la autorización del país.
“Tenemos más de 6000 razones. Eso que el Estado llama margen de error son más de 6000 razones para estar aquí y para hoy decir: hay víctimas inocentes del régimen de excepción y la ciudadanía espera una respuesta”, aseveró Alejandra Burgos.
