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El informe sobre derecho humanos del Departamento de Estado de Estado Unidos reveló que, durante 2022, tras la suspensión de una serie de derechos constitucionales mediante el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, los cuerpos de seguridad y entes del gobierno violentaron tanto los derechos humanos como la Constitución.
El informe destacó que el Estado salvadoreño cometió “homicidios ilegítimos o arbitrarios, desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; -sometió a las personas capturadas a- condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios”.
Asimismo, señaló problemas con la independencia del poder judicial, injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la censura y las amenazas de hacer cumplir las leyes penales para limitar la expresión; corrupción gubernamental, entre otros.
Según Cristosal, organización de la sociedad civil que ha recopilado denuncias de violaciones a derechos durante el régimen de excepción, los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador han sido principales victimarios de las violaciones a los derechos humanos.
También, según el informe de Estados Unidos, el actual gobierno salvadoreño ha ignorado una serie de artículos y prohibiciones establecidos en la Constitución.
Por ejemplo, “la constitución prohíbe los arrestos arbitrarios y la ley establece el derecho de una persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. Con la introducción del estado de excepción en marzo, el gobierno no siempre respetó estos requisitos”, indicaron dentro del informe.
Además, señaló otros ejemplos como la exigencia dentro de la Constitución a dar una orden de arresto por escrito al momento de una captura. “El lenguaje del decreto del estado de excepción no detalló los cambios en los procedimientos de ejecución, pero en la práctica, ya no se requería que las fuerzas de seguridad tuvieran órdenes judiciales antes de realizar arrestos o ingresar a los hogares para realizar arrestos”, agregaron.
Hasta la fecha, datos oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad sobre la cantidad de personas capturadas acusados de pertenecer a grupos criminales suman más de 65,000.
El régimen de excepción en pocos días cumplirá un año de vigencia, y en el que Cristosal ha reportado más de 3,300 personas cuyos derechos fueron vulnerados y 110 casos de personas fallecidas dentro de los centros penales.
