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En una conferencia de prensa dada por organizaciones litigantes y familiares de Beatriz un día antes del inicio de la audiencia pública del caso de Beatriz vs El Salvador, la parte acusadora brindó detalles adicionales del proceso y resaltaron la relevancia de que este sea el primer caso específicamente sobre aborto que se ventile en el máximo tribunal de justicia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De acuerdo con la directora de IPAS América Latina y el Caribe, María Antonieta Alcalde, la penalización absoluta del aborto “no solamente es cruel, sino que pone la vida de la mujer en riesgo”. Alcalde ejemplificó su declaración con el caso de Beatriz, pues tuvo que esperar 81 días para que se interrumpiera el embarazo de Beatriz, que solamente fue otorgada después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas provisionales solicitadas.
Dos ultrasonidos realizados en el Hospital Nacional de Maternidad determinaron que el feto no sobreviviría, ya que se le diagnosticó anencefalia, es decir, nacería sin partes del cráneo y el encéfalo. Además, esto podría traer consecuencias de salud importantes para Beatriz. Sin embargo, la interrupción del embarazo fue negada por organismos de justicia nacionales, y brindados por la justicia internacional.
“En otros países (el aborto) es un servicio de salud pública”, recalcó Alcalde.
Para las organizaciones el hecho de que se ventile por primera vez un caso específico sobre el aborto en la Corte IDH es una prueba de que el acceso a un aborto seguro es materia prioritaria en los derechos humanos de la región, y que negarla es violatorio a los derechos fundamentales.
“Que la negación de cualquier servicio de salud, incluyendo las controversiales como el aborto, es una violación de derechos humanos, especialmente cuando esta negación pone en riesgo la salud y la vida”, afirmó Alcalde.
Además, recalcaron que cualquier sentencia que brinde la Corte IDH es de obligatorio cumplimiento para el Estado demandado, y los demás países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), deberán tomarla como un estándar para sus marcos jurídicos.
Humberto, hermano de Beatriz, expresó que la prohibición absoluta del aborto ha afectado, en gran medida, a las mujeres de escasos recursos económicos. Una investigación llevada a cabo por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto determinó que son estas mujeres las que son acusadas de tener un aborto clandestino por la fiscalía, y son condenadas a más de 40 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo.
La directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela de León, explicó que después de la audiencia inicial, la sentencia de la Corte IDH demorará varios meses en ser publicada.
En el contexto del sistema interamericano de derechos humanos, esto es usual y normal, como ha sido en otros casos como el de Manuela, donde el Estado salvadoreño fue condenado por distintas violaciones a los derechos humanos.
