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El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que tres jueces nicaragüenses fueron sancionados por ser “los responsables directos” del despojo de nacionalidades de más de 300 personas durante la primera quincena de febrero.
“Los tres jueces nicaragüenses, Jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Distrito de Managua; el juez Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, de la Corte de Apelaciones de Managua; y el juez Octavio Ernesto Rothschuh Andino, del Juzgado Primero de Apelaciones en lo Penal de Managua, son los responsables directos de estas acciones”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos explicó que, desde ahora, todas las propiedades e intereses en la propiedad de los tres jueces que se encuentren en Estados Unidos, en posesión o control de ellos, se encontrarán bloqueadas como parte de las sanciones.
Durante el mes de febrero se contabilizaron un total de 316 nicaragüenses a quienes se les arrebataron sus derechos civiles y políticos.
Entre los primeros desterrados y despojados de su nacionalidad figuraron un grupo de 222 hombres y mujeres nicaragüenses que estuvieron privados de libertad durante los últimos dos años. En un comunicado leído en el Complejo de Managua por autoridades judiciales se informó que estaban siendo desterrados por cometer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar la violencia, el terrorismo”.
A juicio del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, estas acciones cometidas por el régimen nicaragüense supusieron un crimen de lesa humanidad.
En el segundo grupo figuraron un total de 94 nicaragüenses a quienes por vía judicial fueron despojados de su nacionalidad y fueron acusados de ser “traidores a la patria”. Sus propiedades y activos también fueron confiscados.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseveró que continuarán aplicando las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo.
Además, reiteró el llamado a la liberación “inmediata e incondicional” del obispo Álvarez e instó a que el espacio cívico sea restituido para el pueblo de Nicaragua.
