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Sus conclusiones están compiladas en el informe que resume 30 años desde la firma del tratado entre el gobierno y la exguerrilla del FMLN. “La sociedad de hoy no hubiese sido posible sin esos acuerdos, por lo que resulta fundamental preservar y consolidar su legado”, resaltó el panel de expertos.
Un panel independiente de expertos en derecho internacional, justicia transicional y seguridad pública presentó el informe “Los Acuerdos de Paz de El Salvador y la construcción de la democracia: a 30 años de su firma”, en el que resaltaron que -aunque el camino no ha sido perfecto- sería un error perder de vista sus objetivos en favor de la democracia y el irrestricto respeto a los DD. HH.
“Los objetivos de los acuerdos de paz de fortalecer la democracia, el Estado de derecho y la protección de derechos humanos son el camino para el bienestar y la justicia de cualquier sociedad”, dijo Douglass Cassel, estadounidense especialista en derechos humanos y quien fue asesor jurídico de la comisión de la verdad de la ONU que investigó los crímenes de guerra en El Salvador.
“En los tiempos turbulentos de hoy, hay tentación de perder de vista los grandes objetivos de los acuerdos, y abandonar el camino hacia un gobierno eficiente, civil y democrático, con división de poderes e independencia judicial y respetuoso del Estado de derecho y los derechos humanos», expresó el experto.
No obstante, consideró que hubo dos aspectos que no fueron debidamente abordadas ni por la comisión de la verdad, ni por los acuerdos mismos: la violencia sexual hacia las mujeres y la reforma económica y social.
Este último era fundamental para avanzar en la superación de la desigualdad y la pobreza.
Sobre la violencia hacia las mujeres durante el conflicto civil salvadoreño la experta internacional en derechos humanos, Verónica Hinestroza, dijo que “es muy claro que la violencia contra las mujeres en el marco de los conflictos armados no es un daño colateral”.
“Hoy se sabe que la violencia contra las mujeres es un arma de guerra en sí misma y que tiene un impacto desproporcionado en ellas, por supuesto, en sus familias y en la sociedad”, expresó.
Coincidió en que los acuerdos son “un legado y un recordatorio importante de los mínimos que juntos ustedes (como salvadoreños) encontraron imprescindibles para alcanzar la paz y fortalecer la democracia”.
“Constituyen un patrimonio a ser abrazado y preservado por la sociedad salvadoreña, un norte que señala el diálogo y construcción democrática como el camino a seguir”, insistió la abogada colombiana.
Otro de los expertos es el abogado y político peruano Gino Costa, asesor de la ONUSAL, la misión de observadores que la ONU desplegó en El Salvador para dar seguimiento a los acuerdos.
Consideró que los acuerdos “deben seguir siendo un referente valido necesario y una inspiración para construir una agenda de concertación política, de reconciliación nacional y de consolidación de los avances logrados en el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia”.
Un punto destacado fue su postura sobre la militarización de la seguridad pública que el país ha experimentado en la última década. “Es necesario redoblar los esfuerzos para volver a poner las instituciones de la seguridad y justicia en sintonía con la letra y el espíritu de los acuerdos, garantizar su naturaleza política civil, no militar, retomar su proceso de profesionalización y ajustar su actuación al marco de la Constitución y a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos”, expresó.
La presentación del informe fue organizada en San Salvador por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, sigla en inglés), con sede en Washington y los expertos se conectaron a través de video enlace desde Estados Unidos, Perú y Colombia.
Las delegaciones del gobierno de El Salvador y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México, y con el apoyo de la ONU y países amigos, los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra, antecedidos por décadas de dictadura y presión militar.
Se estima que 75 mil salvadoreños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 8 mil más, entre ellos gran cantidad de niñas y niños, sufrieron desaparición forzada. Resaltan crímenes de lesa humanidad, como la masacre de El Mozote y zonas aledañas, donde cerca de mil personas fueron asesinadas por el ejército salvadoreño.
TRANSMISIÓN EN VIVO CONFERENCIA
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