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La Mesa Frente a la Minería Metálica, un espacio aglutinado por diversas organizaciones ambientalistas, se sumó a las organizaciones de sociedad civil que han presentado informes ante Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal de 2025.
La Mesa se refirió en específico a que el Estado salvadoreño continúa profundizando el modelo extractivista, es decir la explotación de los bienes naturales para exportación. “Contextualmente, se manifiesta en el monocultivo de caña de azúcar, minería no metálica, generación hidroeléctrica y con la mercantilización de la tierra con el extractivismo inmobiliario”, advirtió en el informe.
Sobre esto último, entre uno de los casos más sonados y denunciados por las organizaciones ambientales en El Salvador, se encuentra el proyecto urbanístico Ciudad Valle el Ángel, dirigido por la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada que consistía en la construcción de más de 3 mil lotes para vivienda, apartamentos, área de restaurantes, entre otros usos, sobre el Boulevard Constitución entre Nejapa y Apopa.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el proyecto no era factible puesto que afectaría de forma irreversible importantes fuentes importantes de agua para el área metropolitana de San Salvador. Sin embargo, el proyecto siguió adelante posteriormente. Según múltiples organizaciones más de mil familias serían afectadas.
Por otra parte, la Mesa detalló al mecanismo internacional también cómo el país dobla esfuerzos para ampliar la generación de energía, sumándose a esto, la generación de energía nuclear a través de reactores alimentados con combustible de Torio. Señalaron también con preocupación la creación de marcos como la Ley de Creación del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear, así como la posible reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y la opacidad que el Estado salvadoreño ha mantenido durante los últimos años en temas ambientales.
“Garantizar con carácter prioritario el derecho de todas las personas al agua limpia y al saneamiento, entre otras en las zonas rurales” y “Garantizar el derecho de todas las personas al agua y a condiciones adecuadas de saneamiento”, fueron las recomendaciones al Estado salvadoreño con respecto al medioambiente durante su última evaluación del EPU.
“El Estado Salvadoreño no ha cumplido completamente con las recomendaciones”, concluyó la Mesa.
Con edición de Diego Hernández
