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Diversas organizaciones de derechos humanos que aglutinan el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas (GTPD) lanzaron el primer “Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas”. El mecanismo, señalaron, responde a la falta de un registro único de personas desaparecidas proporcionado por el Estado salvadoreño y a la necesidad de los familiares de personas desaparecidas en torno a los procesos de búsqueda.
“(A la fecha) No existe un registro único de personas desaparecidas que sea responsabilidad del Estado salvadoreño”, lamentó Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).
Zepeda detalló que este primer registro ciudadano pretende ser un espacio virtual que genere datos estadísticos, pues los familiares también deben emitir las denuncias respectivas, de una de las problemáticas que continúen vigentes en el país: las desapariciones. Sin embargo, aclaró que el registro ciudadano no pretende sustituir la tarea que tiene el Estado en proporcionar una plataforma
“Estamos en alerta”, expresó la abogada al señalar que solo en lo transcurrido de este mes de agosto, desde las organizaciones han emitido 12 alertas tempranas de desaparición y algunas de estas personas ya han sido encontradas sin vida. “Son personas que han sido víctimas de homicidio o feminicidio. Solo este mes ya llevamos cuatro feminicidios reportados”, agregó.
Las organizaciones sostuvieron que la problemática se extiende a décadas atrás, incluyendo las desapariciones forzadas perpetradas (aún impunes) durante el conflicto armado, las ocurridas tras los acuerdos de paz como parte de la escalada violencia que atañó al país, pero también las que continúan reportando en el marco del régimen de excepción.
Estas últimas han sido negadas por parte de altos funcionarios en repetidas ocasiones ante mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la información en torno a la problemática fue reservada por el Estado salvadoreño desde marzo de 2022.
Aunque el registro lanzado este día pretende ayudar a familiares de personas desaparecidas, las organizaciones reiteraron que en El Salvador continúa inexistente una legislación especializada sobre la problemática y no hay procesos eficientes o garantías integrales de protección. En El Salvador las familias se ven obligadas a cargar con las tareas de búsqueda, tareas que son “competencia” y “responsabilidad del Estado salvadoreño”, indicaron.
“No queremos ni debemos sustituir a la obligación constitucional del Estado de responder a esta problemática grave”, aseveró Zepeda, de ASDEHU, quien resaltó la importancia de que el Estado brinde un registro único y oficial de personas desaparecidas.
Durante los últimos años, las autoridades salvadoreñas han llevado a cabo algunos procesos en el marco de esta problemática. En 2019, la Policía Nacional Civil lanzó el Portal de personas desaparecidas, pero el último caso subido al portal fue el 31 de agosto del mismo año. En 2013 la Fiscalía General de la República (FGR) también lanzó el portal “Alerta Ángel Desaparecido”, pero su última actualización fue en julio de 2024. VOCES solicitó información de ambos portales, pero la PNC amplió el plazo para brindar la información y la FGR resolvió en estado de “reserva” la información sobre la creación, publicación y seguimiento del mecanismo virtual.
El Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas “moderno, accesible y seguro”, está disponible a la población salvadoreña a partir de este 21 de agosto de 2024. Los familiares que así lo quieren podrán disponer del portal para registrar sus casos y las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo procesarán la información. Las organizaciones aseguraron que la lucha, junto a estas familias, de verdad, justicia y reparación para las personas desparecidas continuará. “Hasta encontrarles”, expresaron.
Con edición de Diego Hernández
