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El más reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) resaltó que, de enero a diciembre de 2023, en El Salvador se registraron graves retrocesos en materia de derechos humanos como resultado de la continuidad del régimen de excepción y la suspensión de garantías constitucionales que su vigencia conlleva.
Entre algunos de los retrocesos que el Observatorio analizó se encontraron los que tienen que ver con el derecho a la vida, la libertad, a la integridad y el derecho al acceso a la justicia.
Sobre el primero, el derecho a la vida, el OUDH reveló la existencia de un subregistro en los casos de muertes violentas pues en las estadísticas los datos oficiales no incluyeron a las personas fallecidas en centros penales, a las que fallecieron en contextos de enfrentamientos armados, a personas vinculadas a grupos criminales o a los restos humanos encontrados en fosas clandestinas. El presunto número real que estima el observatorio de las muertes violentas asciende a 309.
Situación similar sucedió para los registros de muertes violentas de mujeres o feminicidios. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó 21 casos mientras que la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) registró 46. Es decir, también hubo un patrón de subregistro.
En el caso del derecho a la libertad, resaltaron que diversas organizaciones de derechos humanos reportaron para ese año un total de 327 denuncias de desaparición forzadas de corta duración, las que estuvieron acompañadas de detenciones arbitrarias. Para 2023, con base a un monitoreo que hizo el Observatorio que hizo de noticias y declaraciones de funcionarios, se llevaron a cabo 15,440 detenciones. Con esto, el OUDH también sostuvo que, para diciembre del mismo año 14, 747 personas estaban privadas de libertad y en termino de hacinamiento, este calculó que fue del 241.37 %.
Al respecto del derecho a la integridad, informe resaltó que la vulneración de este se observó, por ejemplo, en la presencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la PNC, en primer lugar, y seguido de la Fuerza Armada de El Salvador; mismos que fueron señalados de otras acciones como actos de intimidación, coacción, malos tratos y persecución en contra la población salvadoreña, incluida personas de la comunidad LGBTIQ+.
El OUDH señaló que algunos graves retrocesos sobre el derecho al acceso a la justicia se materializaron en las reformas penales que vulneran garantías judiciales como la detención indefinida y penas desproporcionadas. Esta situación, también se reflejó, según la organización, en que de 2,869 habeas corpus interpuestas, sólo el 0.14 % fueron admitidos.
Todo este contexto, sostuvo el OUDH en un comunicado, “subraya la urgencia de tomar medidas concretas para proteger los derechos humanos en nuestra sociedad y resulta esencial que las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional colaboren ara abordar estos desafíos de manera efectiva e integral, garantizando un acceso equitativo a la justicia para todas las personas”.
Con edición de Morena Villalobos
