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Desde el pasado 24 de abril, la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández» y la Asociación de Víctimas y Familiares del Sumpul, anunciaron el inicio de una nueva etapa de exhumaciones de la masacre del Río Sumpul, un crimen de lesa humanidad perpetrado en 1980 por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en conjunto con el ejército hondureño.
“Con esta nueva etapa de exhumaciones se busca recuperar más evidencia científica de este horrendo crimen contra la población civil de varios municipios de Chalatenango y reivindicar la memoria de miles de víctimas y familiares que a 43 años de cometida esta masacre esperan todavía verdad, justicia y reparación por parte del Estado salvadoreño”, aseveró Tutela Legal.
En esta nueva etapa de exhumaciones se inspeccionará un nuevo pozo en el cual, según testigos de la zona, luego de la masacre se depositaron restos de las víctimas en costales. Uno de los testigos ayudará con la señalización del pozo para el inicio de los procesos, explicó la organización.
“Esperamos que en esta ocasión se encuentren más restos. Ya en el pozo número 1 se encontraron restos dispersos, no muchos, pero sí se encontraron. En la etapa 2 que se realizó en Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, en una zona de dónde la población venía huyendo de los operativos, se logró recuperar a 7 personas, a quienes se les logró hacer examen, comparación de ADN, y se pudieron identificar también a los familiares”, dijo Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, oenegé que representanta jurídicamente a las víctimas.
Según la organización, el operativo militar ejecutado el 13 y 14 de mayo de 1980 por el ejército de El Salvador y Honduras, en conjunto con la Guardia Nacional y paramilitares de la Organización Nacional Democrática (ORDEN), tuvo como consecuencia el asesinato de más de 600 personas, entre ellos, campesinos y campesinas, incluyendo mujeres, niños y ancianos que huían del mismo.
El abogado Díaz agregó que el caso de la masacre del Río Sumpul cuenta ya con muchas pruebas a través de las exhumaciones, pruebas documentales y testimoniales.
Aseguró también que entre 2022 y 2023, se tomaron declaraciones de sobrevivientes de la masacre en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. Con las declaraciones “corroboraron la gravedad y lo atroz de esa masacre”, afirmó.
En este marco, las organizaciones exigieron a las autoridades de justicia el inmediato procesamiento del Alto Mando de la Fuerza Armada de esa época, así como de los responsables intelectuales.
El Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señaló como responsables de este crimen de lesa humanidad a efectivos militares del Destacamento Militar Nro. 1, a miembros de la Guardia Nacional y de la paramilitar Organización Nacional Democrática (ORDEN), con el apoyo de aéreo de la Fuerza Aérea.
También detalló que “hay suficientes pruebas de que el coronel Ricardo Augusto Peña, comandante del Destacamento Militar Número 1 en mayo de 1980, no promovió ninguna investigación seria sobre la ocurrencia de los hechos”
