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El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), junto a la Asociación de Derechos Humanos “Dra. María Julio Hernández” instaron a los Estados de El Salvador, Honduras, Guatemala y México a facilitar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, así como la repatriación de los restos encontrados.
“Que se fortalezca un enfoque transnacional en torno a las desapariciones de personas migrantes, que permita activar mecanismos efectivos de búsqueda e investigación, con la colaboración multisectorial e intergubernamental y que se elaboren participativamente en los países de la región políticas nacionales para la búsqueda de los mismos”, solicitaron en un comunicado.
De acuerdo con COFAMIDE, ante la falta de un consenso transnacional, multilateral en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, detenidas y fallecidas, han sido las organizaciones de familiares que se han encargado de esta tarea. Sin embargo, debido a esta situación, son los familiares mismos quienes se encuentran con muchos obstáculos administrativos, burocráticos y económicos.
Ovidio González, representante de Tutela Legal, coincidió en que son los familiares, principalmente mujeres, quienes se encargan de buscar. “A veces, el Estado se desentiende, pero es su deber el ayudar. Sin embargo, hay muchos familiares que cuando quieren repatriar estos restos tienen que buscar los fondos que no se los provee el Estado y que son caros”, dijo.
La desaparición es “un hecho permanente”, incluso, en materia penal es considerado como un “delito permanente y que no prescribe”, explicó. Señaló, además, que para el caso de El Salvador por muchos años se ha exigido una legislación específica para personas desaparecidas y un banco de ADN, el cual ayudaría y agilizaría los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
COFAMIDE en conjunto con Tutela Legal también instaron a los cuatro países a proporcionar una atención y reparación integral a estos familiares, considerando los impactos diferenciados en las mujeres, niñas, niños y adolescentes y otras situaciones de discriminación y desventaja; así como a aplicar y garantizar el derecho a la información en torno a este fenómeno y también legislar desde un enfoque de la dignidad humana.
“Conocer la verdad sobre dónde están los desaparecidos y desaparecidas es un derecho de las familias y de la sociedad en su conjunto. Los y las desaparecidas nos faltan a todos”, sostuvieron en el comunicado.
Con edición de Morena Villalobos
