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Integrante de partidos políticos y simpatizantes, seguido de los ciudadanos e integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, fueron los principales perfiles de quienes agredieron a mujeres políticamente activas durante el periodo electoral 2024, según lo reveló el último informe del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Políticamente Activas.
El informe publicado por la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS), señaló que, en los eventos de las elecciones generales llevadas a cabo en 2024, así como en las elecciones internas de los partidos políticos en 2023, persistió la violencia política dirigida hacia las mujeres.
Para los procesos internos de partidos políticos en 2023, la organización registró un total de 33 casos de violencia contra mujeres. De estos: 23 del tipo psicológico, 6 del tipo sexual y 4 del tipo simbólico.
Al respecto de las elecciones generales desarrolladas 4 de febrero y 3 de marzo de 2024, la organización identificó un total de 135 incidentes de violencia, la mayoría dentro de los centros de votación. Más de la mitad (64% para el 3 de marzo y 74% para el 4 de febrero) fueron casos de violencia psicológica y emocional, seguida de la simbólica, sexual y física.
En el ámbito digital, por su parte, el informe reveló que, entre abril 2023 y marzo de 2024 en las redes sociales, 7119 usuarios de redes sociales agredieron a mujeres. Algunas de las políticamente activas, incluso, recibieron ataques diarios. En concreto, detallaron, hubo un total de 19 mujeres candidatas que sufrieron agresiones diarias. La exdiputada Marleni Funes, del FMLN, fue quien encabezó la lista, recibiendo 45 ataques por día. La red social X (antes Twitter) fue el principal medio de las agresiones digitales.
“Particularmente, las mujeres son atacadas utilizando todos los medios digitales disponibles: memes, emojis, hashtags, configurándose un contínuum de violencia permanente, intensificándose previo a las elecciones internas y posterior a las elecciones generales, como un mecanismo de desacreditación y de desmotivación. Estas acciones tienen la intención directa de menoscabar su participación política a través del daño emocional, de disminuir su autoestima, limitar su ámbito de autonomía en la toma de decisiones y limitar el desarrollo de su proyecto de vida”, sostuvo la organización.
Para Andrysas, y otras organizaciones que apoyaron la investigación como el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y ONU Mujeres, todas las mujeres políticamente activas, sin importar su edad, partido político, nivel académico, profesión u oficio son sujetas a enfrentar violencia política en cualquier espacio (territorial, digital), y esta violencia figura una forma de discriminación, y, por tanto, una violación a los derechos humanos.
Asimismo, sostuvieron que las mujeres políticamente activas en El Salvador tienen claro su “rol” dentro del quehacer político, tiene claras sus motivaciones, y al querer impactar positivamente su realidad en el marco del ejercicio de sus derechos como ciudadanas, también asumen el costo de la violencia política. “A ellas se les asigna la responsabilidad de protegerse contra la violencia que puedan enfrentar y defenderse sin tener herramientas efectivas de protección”, indicó el informe.
Frente a este contexto, las organizaciones en conjunto llamaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE), junto al ISDEMU, a coordinarse efectivamente con otras instituciones para difundir e implementar un existente protocolo para la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia policía, así como a crear un registro único y compartido sobre casos de violencia política contra las mujeres en coordinación con las instituciones operadoras de justicia.
A los partidos políticos, por su parte, instaron que es necesario la creación de mecanismos internos para la prevención de este tipo de violencia, en armonía otras leyes vigentes en el país en pro de las mujeres.
Con edición de Diego Hernández
