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El abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y litigante del caso de los 4 periodistas holandeses, emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982, Pedro Cruz, aseveró que José Guillermo García, en su función de ministro de Defensa y comandante general de facto de las Fuerza Armada, fue el máximo responsable de decidir y planificar este crimen de lesa humanidad.
“Por el cargo que tenía y por el rol que desempeñaba, (García) es el responsable máximo de la toma de decisión. No se podía tomar –la decisión- sin el aval, sin la autorización o sin la orden del máximo responsable por el nivel de implicaciones que tenía asesinar extranjeros que eran periodistas… no fue el arrebato de un soldado, sino que hubo planificaciones, estuvieron en una diligencia de investigación”, sostuvo el abogado.
“Es una decisión tan grave y trascendente que no se pudo haber tomado sin el aval de los que dirigían el ejército y quien podía tener una influencia sobre inteligencia, sobre el batallón, sobre la Policía de Hacienda (…) Fue necesariamente con el aval del más alto nivel de mando de la Fuerza Armada: el general Guillermo García», aseveró.
Entre 1979 y 1983, el general José Guillermo García fungió como ministro de Defensa y Seguridad Pública. Al mismo tiempo, García se convirtió en el comandante general de facto de la Fuerza Armada, pese a que en ese periodo estaba la Junta Revolucionaria de Gobierno, explicaron este día diferentes organizaciones que litigan casos de crimines de lesa humanidad durante el conflicto armado.
De acuerdo con el abogado, Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, los 4 periodistas holandeses, estaban bajo la mira de las autoridades salvadoreñas de esa época desde que trabajaron un documental sobre lo que estaba sucediendo en el país y que posteriormente fue transmitido en Europa.
Tras la publicación de este primer trabajo periodístico que “ocasionó problemas políticos, internacionales y económicos al gobierno”, según el abogado, los 4 reporteros holandeses empezaron a filmar un nuevo documental que retrataría los contextos durante el conflicto armado en las zonas urbanos y rurales, algunas controladas por militares y otras por guerrilleros.
“Tenían perfilados a estos periodistas como objetivo de vigilancia. Los vigilan y encuentran información de que efectivamente ellos se encontraban en el país, donde estaban y que se encontraban haciendo un reportaje. Como se dieron cuenta de eso y encontraron el nombre del jefe del equipo de los periodistas (Jan Kuiper) en el bolsillo de un guerrillero que fue capturado o asesinado, de ahí se agarraron para citarlos a la Policía de Hacienda y ponerles un seguimiento específico, permanente intervención telefónica, registro en sus habitaciones, etcétera”, explicó.
En este proceso participó el coronel Francisco Antonio Moran, director de la Policía de Hacienda, quien interrogó a los periodistas el 11 de marzo de 1982; las unidades estrategias de inteligencia (C-2) quienes analizaron toda la información sobre estos periodistas y que les colocaron un “seguimiento permanente”, agregó el abogado.
Es así como, con la intervención de estos, lograron descubrir cuándo iban, para dónde iban, a qué horas, con quiénes, y deciden el 17 de marzo de 1982 desplegar un grupo de militares del Batallón de Reacción Inmediata Atonal en Santa Rita, Chalatenango, en donde los emboscaron y los asesinaron.
Por este crimen, desde el 14 de octubre, García, junto al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, se encuentran detenidos en un hospital militar debido al dictamen de la jueza de este caso en el que ordenó su captura.
El mismo dictamen incluyó al excomandante de la 4ª Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quien reside en Estados Unidos. La jueza solicitó su extradición y el trámite ya ha avanzado, según el abogado.
Con edición de Diego Hernández
