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Expertos en derechos humanos de organizaciones que litigan casos de crímenes de lesa humanidad aseveraron que el general José Guillermo García, ministro de Defensa entre 1979 y 1983, es el máximo responsable de la mayoría de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado.
De acuerdo con las organizaciones, García se convirtió en el comandante general de facto de la Fuerza Armada, pese a que en ese periodo estaba la Junta Revolucionaria de Gobierno.
“García tomaba todas las decisiones de las actividades militares. Él es un criminal de lesa humanidad porque llevo adelante el liderazgo y jefatura de una fuerza armada que, en aquel momento histórico, operó como un aparato de poder criminal”, aseveró David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal y representante de las víctimas de la masacre de El Calabozo y El Mozote y lugares aledaños.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, de 1980 a 1983 la población salvadoreña atravesó el periodo más violento del conflicto armado porque se perpetraron la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos como desapariciones, masacres, torturas, entre otros. En su mayoría atribuidos a la Fuerza Armada, sostuvieron.
“Alrededor del 50%, del total de las denuncias analizadas, sucedieron durante los dos primeros años, 1980 y 1981; más del 20% ocurrieron en los siguientes dos años: 1982 y 1982. Es decir, en los primeros 4 años de la década se concentró más del 75% de los graves hechos de violencia denunciados por la Comisión de la Verdad”, detalló el mismo informe.
Bajo el poder de facto de García se encontraba su Alto Mando: el viceministro de Defensa, Adolfo Castillo, que tenía a su cargo la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. También el jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima, quien era responsable de la organización, instrucción, educación, conducción, empleo, disciplina y conducta de la Fuerza Armada.
“Lo que ocurría en el terreno era consecuencia de esas decisiones (del general), que no eran decisiones improvisadas, no eran decisiones que se aprobaban de un día para otro. Requerían de un proceso que se llama planificación militar”, dijo Morales
“No van a poner 4,000 hombres en el norte de Morazán, 6,000 hombres en la zona central de San Vicente para consumar las masacres de El Mozote y El Calabozo si no tienen una previa planificación donde definieron cuáles son sus objetivos. Es decir, definieron qué poblaciones, qué grupos de personas, en qué lugares iban a exterminar y a cometer asesinatos masivos contra esas personas. Eran operaciones combinadas”, agregó.
Guillermo García se encuentra detenido desde el 14 de octubre del 2022 en un hospital militar, custodiado por la policía, debido a la orden de la jueza a cargo del caso de la emboscada y asesinato de 4 periodistas holandeses el 17 de marzo de 1982.
Por su parte, Helí Hernández, abogado de la Asociación Pro-Búsqueda, señaló que en el periodo que ejerció García como ministro registraron 382 casos de personas, niñas y niños desaparecidos forzosamente. 54 fueron durante el operativo de la Guinda de Mayo.
El ex viceministro de Defensa, Adolfo Castillo y el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima, que formaron del alto mando de García, ya fallecieron.
Hasta la fecha, todos los casos que se han judicializado continúan en la impunidad y tanto las víctimas y los victimarios están falleciendo sin enfrentar o recibir la justicia, la cual también es negada al no legislarse una Ley de Justicia Transicional, iniciativa que fue entregada por las mismas víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos a la Asamblea Legislativa actual, explicaron las organizaciones.
«Nosotros estamos pidiendo lo que ellos (García y su alto mando) no les dieron a sus víctimas: un juicio justo bajo el debido proceso», aseveró Morales.
Con edición de Diego Hernández
