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“El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que busca que los Estados garanticen los derechos de acceso a la información, participación, justicia ambiental, la asistencia y protección a las personas defensoras ambientales, que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan al medio ambiente. Pese a su importancia, El Salvador no ha firmado ni ratificado dicho acuerdo siendo evidente la falta de interés estatal en la temática ambiental”, sostuvieron las jóvenes de diferentes organizaciones de los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate.
Las defensoras ambientales detallaron que dichos departamentos son territorios históricamente afectados debido a la deforestación indiscriminada, la débil institucionalidad para protección y conservación de los bienes, la escasez del agua en cantidad y calidad, el cambio climático, entre otros, conflictos con impactos negativos diferenciados en las mujeres, juventudes y pueblos indígenas.
Agregaron que como jóvenes organizadas tiene una importante responsabilidad para la defensa del medio ambiente y los territorios, a pesar de la falta de normativas y marcos legales que las protejan en situaciones de peligro o situaciones como las ocurridas durante el régimen de excepción.
Frente a esto, como juventudes comprometidas a la protección del medio ambiente demandaron al gobierno que se adhiera al acuerdo de Escazú, que operativice y de adecuado seguimiento a las leyes ambientales que regulan el acceso a la información, participación y justicia ambiental, a instruir al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que desarrolle y ejecute estrategias y planes, para atender las diversas problemáticas ambientales en los territorios y a no desestimar y estigmatizar la lucha de las y los defensores ambientales.
Con edición de Morena Villalobos
