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“(Estamos) haciendo un llamado a la situación que se vive en nuestro país a las graves violaciones a derechos humanos que continúan en el país y donde hay una deuda histórica de los graves crímenes del conflicto armado, pero también hay graves violaciones que actualmente se están cometiendo con el régimen de excepción”, dijo Alejandro Díaz, coordinador del área jurídica de la Asociación Tutela Legal “Dra. Julia Hernández”.
Al llamado dirigido hacia el Estado salvadoreño su unieron la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR). También enfatizaron que, aunque diferentes gobiernos han llegado a administrar el Estado, ninguno, incluido el actual (inconstitucional) ha culminado con el ciclo de impunidad sobre violaciones a derechos humanos.
En este sentido, recordaron que El Salvador, al ratificar en 2015 el Estatuto de Roma de la CPI a través de la Asamblea Legislativa y depositar los instrumentos de adhesión al tratado internacional por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2016, mecanismo bajo que el que se juzgan a individuos responsables de los más grandes delitos en el mundo como genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, también se sumó a poner fin a la impunidad de este tipo de hechos
Sin embargo, reiteraron que los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado salvadoreño, incluso que fueron condenados a nivel internacional, continúan sin llevarse a la justicia. Por el contrario, denunciaron que la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales se han vuelto parte del actual escenario salvadoreño.
Con edición de Diego Hernández
