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Una comisión especial trabaja en la reconstrucción documental de las graves violaciones a los derechos humanos que la comunidad universitaria sufrió en el marco del conflicto armado, época en la que el solo hecho de ser parte de la institución ponía en peligro la vida de estudiantes, docentes y trabajadores.
Por Carlos V. Portillo
Miles son las víctimas, algunas conocidas y la mayoría anónimas, que por ser parte de la Universidad de El Salvador (UES) sufrieron la crudeza de la violencia ejercida con fuerza por el gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina, que mandó a masacrar una marcha el 30 de julio de 1975, con innumerables víctimas.
La violencia se prolongó por los siguientes años y la UES vivió su época más caótica en los años de la guerra (1980-1992), cuando pensar y opinar diferente al gobierno era sentencia de muerte.
“Hemos tenido que partir casi de cero con la reconstrucción de los casos, estamos acudiendo a información periodística de la época, a registros de organizaciones de derechos humanos y a las familias de las víctimas, que buscan verdad, justicia y reparación”, afirmó a VOCES Sofía Zamora, una de las protagonistas de estos esfuerzos.
En 2017, a iniciativa del rector Roger Arias, se creó la Comisión Especial de Investigación Contra Graves Violaciones a los Derechos Humanos Cometidos Contra Miembros de la Comunidad Universitaria entre 1970 y 1995.
En este periodo de 25 años se estima que son miles las personas víctimas de asesinato, torturas, desaparición forzada, hostigamiento, seguimiento, entre otros, por parte de agentes del Estado. La Ciudad Universitaria también fue ocupada militarmente y saqueada. Su infraestructura quedó prácticamente en ruinas.
La comisión “coordina institucionalmente los esfuerzos de búsqueda de verdad, justicia y reparación a la comunidad universitaria”, explicó Zamora.
Es presidida por la doctora María José Vargas, actual presidenta de la Asamblea General Universitaria (AGU), completando el equipo de trabajo Zamora, en calidad de secretaria, así como los secretarios de Relaciones Nacionales e Internacionales, Arte y Cultura, la secretaria de Comunicaciones, el defensor de los derechos universitarios, el fiscal general universitario y la jefa del Archivo Central.
“Sí ha habido estudios de carácter académico sobre el periodo, pero esta comisión tiene, entre otras funciones, investigar desde una perspectiva de derechos humanos, que implica la generación de incidencia para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y reparación”, expresó la secretaria de la comisión especial.
Un documental de la Secretaría de Comunicaciones de la UES, estrenado en 2002 y dirigido por el fallecido periodista Felipe Vargas Ortiz, afirmaba que los gobiernos durante la guerra consideraban a la universidad “un santuario de la subversión”, de allí que era un objetivo militar, su infraestructura y principalmente su comunidad de estudiantes, docentes y trabajadores.
A lo largo de su historia, que suma 181 años, la UES fue ocupada militarmente en cuatro ocasiones: en la década de 1960, en 1972, en 1980 y en 1989, esta última vez en el marco de la ofensiva guerrillera de noviembre.
Por estos graves hechos, las autoridades universitarias han presentado dos avisos a la Fiscalía General de la República por 80 casos de desapariciones forzadas de universitarios. “Ninguno ha sido judicializado”, afirma Zamora.
Como parte del trabajo de recuperación de la memoria histórica, desde 2018, han entregado seis títulos honoríficos a los familiares de estudiantes de distintas carreras, víctimas de la cruenta guerra. Uno de ellos fue asesinado y el resto desaparecidos.
A ellos se sumarán otros dos títulos a estudiantes desaparecidos que serán entregados en la Ciudad Universitaria el próximo 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decretado por las Naciones Unidas.
Los esfuerzos universitarios también han incluido gestiones del rector ante la Asamblea Legislativa para que, en la ley de justicia transicional que está pendiente de discusión y aprobación, la UES sea incluida como víctima colectiva de graves violaciones a los derechos humanos.
Zamora considera que, en general, “toda la población universitaria sufrió alguna vulneración a los derechos humanos (en el marco de la guerra civil) por el hecho de ser de la UES”, mientras que los cierres e intervenciones militares fueron una vulneración al derecho a la educación para todo el país, puesto que esta es la única de educación superior de carácter público en El Salvador.
“La UES es una víctima colectiva de la guerra”, concluye la secretaria de la comisión que busca justicia para las miles de víctimas asesinadas y desaparecidas en el conflicto armado de El Salvador.
