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Tres trabajadoras de hogar que laboran en el gran San Salvador relatan sus historias de abuso por parte de sus empleadores, abusos que van desde el acoso, discriminación, horarios extensos y salarios bajos que por necesidad económica deben soportar. A pesar que su aporte es vital para la economía del país, aún no son reconocidas bajo un contrato legal.
Por Kattia Merlos, Diana Rivas y Verónica Sánchez
Stephany Escobar comenzó a trabajar como empleada doméstica cuando tenía 17 años. En aquel entonces, 2018, por 40 dólares a la semana hacía la limpieza, lavaba, planchaba y cocinaba en una casa de Zacatecoluca, el municipio donde nació.
Sus jornadas laborales comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las 12 de la noche. El tiempo que tenía para descansar era de seis horas, la mitad de las horas mínimas establecidas en el artículo 80 del Código de Trabajo. “Me explotaban tanto que no me podían ver un ratito sentada porque era como que estuvieran perdiendo su dinero conmigo”, relató.
Según un estudio publicado en 2015 por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), los bajos salarios y la prolongación de la jornada laboral son características de lo que se denomina como trabajos precarios.
A los dos meses, Stephany decidió renunciar, no por la explotación, sino porque su empleadora le había pedido que trabajara incluso los sábados, que eran los días que estudiaba. Por eso, entre trabajar y estudiar, Stephany eligió lo segundo.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ningún niño tendría que escoger entre esa disyuntiva. En el artículo cuatro del Convenio 189, aparece: “Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional”.
Como Stephany, muchas mujeres pasan por la misma situación de precariedad. Carmen Chávez, de 62 años, también se quejó de las extenuantes jornadas de trabajo, jornadas que deberían contar como horas extras, pero que ni siquiera se pagan. “La verdad es que a nosotras nos ponen hora de entrada, pero no salida”, comentó.
Las trabajadoras del hogar no solo son marginadas en lo económico; muchas sufren discriminación. Así lo recuerda Stephany, quien no podía comer lo mismo que sus empleadores ni mucho menos sentarse en la misma mesa. “Solamente comía frijoles, queso y huevo; los tres tiempos. Nunca me dejaron sentarme en la mesa donde ellos comían; tenía que comer en la cocina. También tenía mis utensilios; no podía tocar sus cosas”, expresó.
Así es el caso de Guadalupe Castellanos, una mujer de 52 años que ha trabajado por 12 años como empleada del hogar. “A nosotras no nos toman en cuenta y no nos tratan bien. Algunas personas hasta la comida le van limitando a uno y uno trabajando tan duro, sin comer a veces”, dijo.
Para Aida Rosales, secretaria general del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar (SIMUTHRES), este tipo de violaciones a los derechos laborales son comunes. “Las trabajadoras son bastante discriminadas, invisibilizadas, ya que no contamos con un salario mínimo, ni con un contrato por escrito, no tenemos pago de horas extras, ni seguridad social de obligatoriedad”, afirmó Rosales, quien también es trabajadora del hogar.
El día de ayer la Asamblea Legislativa ratificó una serie de convenios de la OIT. Sin embargo, no se tomó en cuenta el convenio 189 de la misma organización que tiene por objeto proteger a las trabajadoras del hogar remuneradas.
Aida destaca que para el sector de trabajadoras del hogar es bastante preocupante que el gobierno no haya tomado en cuenta este convenio. “Desde 2011 venimos luchando por la ratificación del convenio que vendría a mejorar las condiciones en las que trabajamos las empleadas del hogar y a que nuestros derechos sean visibilizados” dijo.
Ante la indiferencia del Estado por la aprobación del Convenio 189, Rosales dijo que es obligación del Estado asegurar protección y garantías a las trabajadoras. “Hasta la fecha no ha habido voluntad política ni del presidente, ni de los presidentes que han pasado, ni de los diputados de la Asamblea Legislativa”, lamentó Aida.
La sindicalista señala que el presidente Nayib Bukele dijo en su campaña que las trabajadoras del hogar iban a tener protección laboral. “Sabemos que es el gobierno el que tiene que garantizar que todas las trabajadoras tengamos todas las condiciones y derechos que tiene el resto de la clase trabajadora” añadió.
Por parte del mismo sindicato han enviado cartas a Rolando Castro, ministro de Trabajo, para consultar sobre los avances del Convenio 189 y establecimiento de un salario mínimo. “Hemos tenido reunión con el ministro. Él nos dice que sí nos va apoyar con eso del salario y el convenio, pero decir sí no cuesta nada, porque a la hora de los hechos no hemos visto nada” aseguró Rosales. Además, se han reunido con el Consejo del Salario Mínimo (CNS), pero tampoco han habido acciones al respecto.
De la misma forma, Febes envió cartas dirigidas al Ministerio de Trabajo. En una de ellas emitida el 16 de septiembre de 2020, donde hicieron una petición para participar en los mecanismos de atención a empleadas del hogar que demandan por primera vez.
En otra carta con fecha del 30 de agosto del mismo año, solicitaron reunirse con las autoridades de dicho ministerio para conocer los mecanismos y estrategias planificadas por el Ministerio de Trabajo para apoyar la ratificación del convenio.
Finalmente, la última carta obtenida por VOCES iba dirigida a la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Legislativa el 24 de septiembre de 2021 Febes solicitó participar de la revisión y discusión del expediente sobre la ratificación del Convenio 189. En comparación al sindicato SIMUTHRES, Febes no ha obtenido ninguna respuesta a sus solicitudes y tampoco ha logrado una reunión con las autoridades.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2020 expuso datos actualizados, donde se mostró que a nivel nacional el 4.4% de la población se dedica al trabajo doméstico en el cual se tomó la población de 119,240 donde identifica que el 91.19% son mujeres y 8.81% son hombres. Desde esta última encuesta han pasado dos años y no existe actualización de los datos de parte del ministerio.
En 2020 la Sala de lo Constitucional decretó la sentencia a favor de que se emitiera un salario mínimo para el sector de trabajo doméstico. Sin embargo, Rosales dijo que hasta la fecha todavía siguen esperando que se defina dicho salario.
«La comisión de trabajo no lo retomó, entonces eso quedó así. La Sala lo decretó, pero no lo retomaron, y hasta ahorita no se ha estipulado un salario. Esa es la lucha que nosotras tenemos», concluyó Rosales.
