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“La violencia de género en la política representa una amenaza para la igualdad y la participación política de las mujeres. Para lograr una sociedad equitativa, es fundamental abordar y erradicar esta forma de violencia”, aseguró Votante, una iniciativa ciudadana de distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos y centros de pensamientos que monitoreó y observó los procesos electorales celebrados este 2024.
A juicio de la iniciativa, si bien en El Salvador, existen avances y acciones positivas y la existencia de normativas que buscan atacar la violencia de género en el ámbito político, estas no son suficientes, si se toman en cuenta que las mujeres representan actualmente más de la mitad del registro de la población votante.
“El voto de las mujeres es determinante en la configuración de los funcionarios de más alto rango a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de los avances normativos para procurar la participación de las mujeres en la política, sobre todo la participación en ejercicio de su sufragio pasivo —la posibilidad de ser candidatas y consecuentemente funcionarias—, no es suficiente”, sostuvieron en un reciente informe.
Sobre lo contemplado en las leyes salvadoreñas, estos destacaron que el artículo 3 de la Constitución de la República reconoce la igualdad como un derecho. Al representar una amenaza la violencia de género en la política salvadoreña para la participación política de las mujeres, surge el desafío en igualdad de género de garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que hombres, tanto de participación como de liderazgo, así, favoreciendo sociedades más justas y equitativas, explicaron.
Al respecto de las Ley de Partidos Políticos, lamentaron que esta únicamente establece infracciones para garantizar los derechos de honor, intimidad personal o la propia imagen de los candidatos, encajando o respaldando a cualquier tipo de violencia política, pero sin especificar sobre la violencia que las mujeres enfrentan. Por otro lado, reconocieron como positivo el que la misma ley a través de la cuota de género, obliga a los partidos políticos o coaliciones a que integren las planillas con al menos un treinta por ciento de participación de mujeres, lo cual es un requisito de validez para la inscripción de las planillas.
“Ahora bien, la forma de lista (abierta) y su correspondiente forma de votar (voto cruzado), deja en el electorado la posibilidad de no incluir suficientes mujeres en los cargos que se eligen, aunque también exista la posibilidad contraria o sea que se voten más a las mujeres propuestas por los contendientes. A parte de esa medida legal positiva en favor de la participación de las mujeres en los procesos electorales, no hay otra medida cuyo objetivo directo sea el de garantizar participación de las mujeres y brindarles protección”, señalaron.
Aunque no existen otras regulaciones específicas en el tema, la iniciativa Votante reconoció que en el caso de candidatas pueden utilizar otras regulaciones no exclusivas al contexto electoral, pero que pueden más eficientes que los electorales a fin de garantizar a las mujeres una contienda equitativa. Entre estas, destacaron la Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
Asimismo, la iniciativa aseguró que, durante los últimos años, en El Salvador se ha observado una disminución en la participación de las mujeres en cargo de elección popular. Esto, dijeron, como consecuencia de las escasas condiciones de equidad en la contienda, de la inactividad institucional para actuar frente a la violencia política, a la falta de incentivos de participación y a la violencia estructural y cultura patriarcal.
Frente a este contexto de violencia política basada en género la cual, afirmaron, podría generar un ciclo de violencia continua de no abordarse efectivamente, instaron al Estado salvadoreño a fortalecer los marcos legales para estos prohíban y sancionen este tipo de violencia, incluido, la clarificación de definiciones de violencia contra las mujeres en el contexto electoral, así como garantizar penas adecuadas para los agresores.
Además, llamaron al Estado a combinar “medidas legales sólidas” con estrategias de sensibilización, promoción de la participación política de las mujeres, monitoreo y rendiciones de cuentas y cooperación entre diversos actores como organizaciones sociales, organismos internaciones, medios de comunicación, e, incluso la academia.
“Solo a través de un enfoque integral y sostenido se puede avanzar hacia una democracia más equitativa y libre de violencia de género en el ámbito electoral”, expresaron.
