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La razón por la que fueron asesinados es un agravante en este crimen de lesa humanidad, destaca la legisladora al revalidar su llamado al Estado de El Salvador para que este y otros casos de la guerra avancen en el sistema de justicia.
Los periodistas holandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag integraban el equipo completo que la cadena Ikon TV desplegó en El Salvador para dar a conocer lo que el pueblo salvadoreño sufría en aquellos aciagos años de la guerra.
Cerca de cumplirse 41 años de impunidad sobre este crimen de lesa humanidad, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, destaca la importancia de que en este caso ya haya capturas en el camino para lograr conocer la verdad y hacer justicia, una deuda pendiente del Estado salvadoreño con el pueblo del Reino de los Países Bajos.
“Es importante dimensionar el rol de quienes hacen comunicación y periodismo, porque también son un contrapeso al ejercicio del poder. Y por eso el caso a los periodistas holandeses en nuestro país es tan importante, porque no solo existe la grave violación de que estas personas perdieron su vida, sino la razón por la cual fueron asesinados”, expresó Ortiz en entrevista con VOCES.
Ellos “iban a revelar la verdad que no querían que se conociera fuera del país”, afirmó.
Para la diputada, el avance de este caso en el sistema de justicia sentaría un “precedente para la libertad de expresión en El Salvador, un precedente para todas las víctimas también nacionales que han estado esperando justicia”.
Para sanar esas heridas es importante que los casos de graves violaciones a los derechos humanos “se conozcan, se resuelvan, avancen”, reflexiona la diputada.
En su opinión, “la impunidad del pasado permite y reproduce la impunidad del presente”.
Añadió que es importante continuar con la exigencia de verdad y justicia sobre estos casos. Es una “lucha por la verdad, una lucha para no repetir la historia que tanto daño hizo y que despedazó familias, que partió a un país”.
Los periodistas holandeses fueron emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982 por una patrulla del batallón Atonal. El juicio ha avanzado en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, con la orden de detención del exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán, y el exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García.
Junto a la orden de captura en contra de estos altos mandos militares durante la guerra también la jueza María Mercedes Argüello ordenó la emisión de una difusión roja de la INTERPOL y solicitó la extradición del coronel Mario Reyes Mena, quién reside en Estados Unidos y se le acusa de ser el autor intelectual en el crimen, según lo investigó la Comisión de la Verdad de la ONU.
