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El Movimiento de Victimas del Régimen de Excepción (MOVIR) urgió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos (OACNUDH) nombrar un relator especial en El Salvador para velar por el respeto a los derechos humanos durante el régimen de excepción.
“Es de conocimiento público por informaciones de los medios de comunicación y denuncias de organizaciones sociales y familiares de las víctimas de personas detenidas arbitrariamente por el régimen de excepción, que en nuestro país están sucediendo incontables violaciones a los derechos humanos, especialmente al derecho a la libertad individual de personas que son detenidas y encarceladas por largos periodos de tiempo, solo con señalamientos policiales injustificados y sin pruebas que vinculen a los y las detenidos de pertenecer a maras o pandillas”, señaló la organización en la carta dirigida a OACNUDH.
Desde el 27 de marzo del 2022, luego un repunte de violencia que dejó 87 personas asesinadas, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías a derechos constitucionales como las libertades de movimiento, expresión, asociación e inviolabilidad de las comunicaciones mediante el régimen de excepción. La medida ya ha sido prorrogada siete veces.
Datos del Ministerio de Justicia y Seguridad aseguran que hasta el 28 de octubre 56,190 personas han sido capturadas acusadas de pertenecer a grupos criminales.
Organizaciones que han documentado casos de violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, como Cristosal, afirmaron que la medida ha causado detenciones arbitrarias, abusos de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, faltas al debido proceso, inaccesibilidad a información de familiares detenidos e incluso muertes bajo tutela del Estado salvadoreño.
Cristosal aseguró a VOCES que, hasta el 10 de agosto, documentaron 109 casos de presuntas desapariciones forzadas.
MOVIR solicitó también a los relatores especiales sobre las Personas Privadas de Libertad, sobre la Independencia de la Justicia y contra la Tortura, investigar “las graves violaciones al derecho a la libertad individual (de las) que son víctimas miles de personas detenidas de forma ilegal“.
Además, pidió a la oficina gestionar una visita in loco al país para verificar las diferentes vulneraciones a los derechos humanos.
