domingo , junio 26 2022

Nueva ley de trasplantes crea un consejo regulador

La ley fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, con 72 votos y con dispensa de trámite.


La nueva Ley Especial sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos Humanos, aprobada el pasado 5 de abril, establece la regulación para la donación viva, la cadavérica o donación en muerte encefálica, circulatoria o por forma violenta; y da vida al Consejo Salvadoreño de Trasplante (CST).

El CST poseerá autonomía técnica, administrativa y presupuestaria, con patrimonio propio para el ejercicio de las atribuciones y deberes que se estipulen en la ley; y tendrá por objeto “coordinar, controlar e implementar las actividades relacionadas con la donación y trasplante de componentes anatómicos”, según lo aprobado por la Asamblea Legislativa.

Este será dirigido por un director general nombrado por el Presidente de la República con vigencia de tres años y pudiendo ser reelecto; y estará conformado por una junta de delegados con capacitación y experiencia comprobable en el tema de donación y trasplantes.

Según el artículo 8 de la ley, las funciones del CST son las de “elaborar el marco regulatorio de donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanas y los protocolos, planes de acción para la implementación de la ley, buscar la sostenibilidad técnica y financiera”.

“Es una pena que hayan tenido que pasar más de 30 años, después del primer trasplante (en 1985), para que pudiéramos contar con una ley verdadera e integral. En el pasado, este tema fue un negocio para muchos, pero le estamos poniendo fin” expresó la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, respecto al nuevo cuerpo legal.

El objeto de la ley es regular la obtención, investigación, donación, preservación, almacenamiento, importación, transporte, destino y disposición final de componentes anatómicos y sus derivados, como un medio para garantizar el derecho a la salud y la vida, según lo establece en su artículo 1, y entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.

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