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Por Alessia Genoves
Durante la primera sesión de la nueva conformación de curules de la Asamblea Legislativa, con 57 votos a favor, los diputados aprobaron la dispensa de trámite 1-A para reformar su Reglamento Interior. Una de las reformas fue la reducción drástica del número de Comisiones Legislativas permanentes, pasando de 20 a 8, según el artículo 39 reformado.
Según este artículo, las nuevas comisiones serán: Política; Hacienda y Especial del Presupuesto; Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno; Seguridad Nacional y Justicia; Niñez e Integración Social; Tecnología, Turismo e Inversión; Infraestructura y Desarrollo Territorial; y Salud, Agricultura y Medio Ambiente.
Esta decisión generó preocupación en algunos sectores, entre ellos, la diputada Claudia Ortiz de VAMOS, quien expresó su temor ante la posible falta de atención a temas cruciales al ser eliminadas comisiones específicas, así como por la eliminación de comisiones clave como Educación, Justicia y Derechos Humanos, Mujer e Igualdad de Género.
«Quiero proponer que se agregue una comisión de Educación, Cultura, Tecnología, Juventud y Deporte(…)Quiero proponer que exista una comisión de Vivienda y también Transporte Público», dijo en plenaria.
Sin embargo, la diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas argumentó que, «todos los temas relacionados en estas comisiones que ahora existen se concretarán en una sola comisión. Tampoco estamos dejando por fuera ningún tema». También explicó que en la Comisión de Niñez e Integración Social se fusionarán las comisiones. “La propuesta es que se fusionen las comisiones de cultura y educación, la familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad, la mujer e igualdad de género, juventud y deporte», detalló.
El diputado Christian Guevara también justificó la reducción de comisiones como una medida para «agilizar y mejorar el trabajo legislativo», al eliminar intereses políticos y bonos extras que prevalecían anteriormente.
Entre las comisiones eliminadas por la nueva Asamblea Legislativa se encuentra la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual durante el anterior período estuvo a cargo de la exdiputada por Nuevas Ideas, Rebeca Santos. Esta comisión llevaba a cabo el estudio para aprobación de una ley de justicia transicional presentada desde 2021 por víctimas del conflicto armado junto a organizaciones de derechos humanos. Se basaba en cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A la fecha, se desconoce si dicha comisión estudió la propuesta.
Otros de los cambios más trascendentales al mismo reglamento fue que otorgaron nuevas atribuciones a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Estas reformas otorgan mayor flexibilidad para convocar sesiones, según el artículo 13, numeral 4, reformado, que establece: «convocar a sesiones plenarias, de la Junta Directiva y de las comisiones, de forma ordinaria o extraordinaria y así como demás actos que organice o en los que participe la Asamblea.» En contraste, el artículo 13 original solo permitía a la Presidencia «convocar a sesiones plenarias, de la Junta Directiva y de las comisiones, así como demás actos que organice o en los que participe la Asamblea».
También se adhiere un inciso segundo al artículo 64, que establece la posibilidad de sesiones virtuales en casos excepcionales como «conmoción interna, calamidad pública o estado de emergencia nacional declarada por autoridad competente conforme a ley y que esta impida o ponga en riesgo la participación presencial de los diputados y diputadas».
Con edición de David Ramírez
