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En el marco de la evaluación del Comité de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas a El Salvador, la recomendación sobre la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición fue calificada como “insatisfactoria” (nota C, según criterios).
Por David Ramírez, periodista de VOCES
“Prácticamente se nos ha reprobado en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos y por lo que vemos, por el principio de continuidad estatal, es que va a seguir siguiendo el mismo camino esta administración”, declaró a VOCES Victoria Barrientos, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, sigla en inglés).
Las recomendaciones del Comité durante la evaluación anterior fueron que asegurara que la Unidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de la Fiscalía General de la República dispusiera de todos los recursos necesarios para sus procesos investigativos, tener acceso a archivos militares, garantizar total protección, seguridad personal e independencia del fiscal general y acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado salvadoreño, entre otras.
Pese a estas recomendaciones, la abogada aseguró que la unidad no tiene presupuesto y que desde que se creó, en 2016, solo cuenta con cuatro auxiliares fiscales.
Agregó que hasta 2021 existían 213 casos en esta unidad de la FGR, de estos únicamente 21 están judicializados a la fecha.
“Esta cantidad de casos es totalmente exorbitante para cuatro auxiliares fiscales, es decir, que tenemos más o menos 53 casos para cada uno. Además de esto con el poco presupuesto y con el poco personal no se puede contratar a personal cualificado para poder hacer una información sobre crímenes de larga data”, aseguró.
En este sentido, dijo que tampoco se cuentan con información del trabajo que hace esta oficina fiscal, el acceso a los archivos militares se ha obstaculizado reiteradamente por las sucesivas administraciones de gobierno, la independencia de operadores de justicia ha estado bajo constante ataque, tanto fiscales, como jueces.
“Otra recomendación era prevenir ataques a personas defensora de derechos humanos, pero hemos visto una narrativa completamente hostil de esta administración publica hacia algunos compañeros y compañeras”, afirmó.
Sostuvo que de seguir con estos incumplimientos a las recomendaciones del Comité, la calificación descendería a “E”, el más bajo criterio.
Victoria Barrientos fue una de las ponentes en el foro “El Salvador bajo la lupa” organizado por DPLF, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el Servicio Social Pasionista, el Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), el IDHUCA, FESPAD y Cristosal.
