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El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) señaló en su tercer informe periódico de El Salvador que, debido a la falta de información y a la desconfianza existe un acceso limitado a la justicia por parte de las personas migrantes. Esta situación se agrava con el régimen de excepción.
“El Comité reitera su preocupación sobre el acceso limitado a la justicia de los trabajadores migratorios, independientemente de su estatus migratorio, debido al desconocimiento de los recursos administrativos y judiciales de que disponen para presentar denuncias y recibir reparaciones efectivas, y a la desconfianza hacia las autoridades nacionales, ya que debido al estado de excepción, el gobierno otorgó a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas, mayores facultades para usar la fuerza contra presuntos pandilleros y al Poder Judicial mayor margen para señalarlos y perseguirlos como posibles sospechosos”, subrayó en el informe.
Según el organismo, los trabajadores migrantes y sus familias suelen sufrir marginación, xenofobia, malas condiciones de vida y trabajo. En casos graves, sufren explotación, expulsión y riesgo de muerte.
Desde la aprobación del régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022 tras un repunte de homicidios, una serie de derechos constitucionales fueron suspendidos. Seguidamente, el cuerpo legislativo aprobó una serie de reformas como la habilitación de jueces sin rostros, la permisión de detención provisional por más de tres días, entre otras destacadas en un informe publicado a finales de diciembre del año pasado por Human Rights Watch y Cristosal.
El Comité tomó nota de que en El Salvador no existe la figura de la detención migratoria y que haya un Centro de Atención Integral para Personas Extranjeras Migrantes (CAIPEM), pero sí le preocupa la figura de detención administrativa y la forma en que es utilizada por las autoridades.
El organismo instó al Estado salvadoreño a “garantizar condiciones adecuadas y decentes en los lugares en los que se realiza la detención administrativa, por el plazo menor posible, así como, en su caso, la separación efectiva de los migrantes en detención administrativa de quienes están siendo investigados penalmente”.
También manifestó preocupación debido a los casos de migrantes desaparecidos, fallecidos o víctimas de delitos en países de tránsito o destino. En el caso de El Salvador, siendo un país de origen, tránsito y retorno de migrantes, señaló que no hay información completa sobre investigaciones o sobre el seguimiento proporcionado a las víctimas migrantes y sus familiares.
Por ello, el Comité llamó a El Salvador a “fortalecer las medidas dirigidas a garantizar el acceso a la justicia, incluyendo mecanismos de justicia transnacional, para migrantes y familiares en casos de personas migrantes salvadoreñas desaparecidas, fallecidas o víctimas de delito en países de tránsito o destino, garantizando su derecho a la verdad y, eventualmente, a las medidas de reparación que pudieran corresponder”.
El Estado salvadoreño deberá rendir cuentas a la ONU sobre los avances en las recomendaciones a favor de las personas migrantes y sus familias a más tardar el 1 de mayo del 2028, correspondiendo al cuarto informe periódico.
