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Exintegrantes de la PNC jubilados por decreto hace un año denuncian ante la PDDH que siguen sin recibir una indemnización “digna”


Exagentes y personal de la Policía Nacional Civil (PNC), mayores de 60 años y despedidos hace un año a través de un decreto legislativo, denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) que continúan sin recibir una indemnización “digna” y de ley.

“(Lo que) Estamos denunciando es que el personal no ha recibido una indemnización de ley, que es un salario por año devengado, más las vacaciones que deberían recibir al ser despedidos, porque ellos no se están retirando de manera voluntaria, han sido despedidos forzosamente y por tal razón deberían ser indemnizados, como manda el Código de Trabajo”, señaló Marvin Reyes, representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (PNC).


En una carta firmada por la Asociación de Trabajadores Retirados Forzosamente de la Policía Nacional Civil (ASORES-PNC), y dirigida hacia Raquel Caballeros, procuradora de derechos humanos en el país, explicaron que, en abril de 2022, el Ministerio de Justicia y Seguridad acordó brindarles una compensación económica de hasta un máximo de 12 salarios con derecho a vacaciones, aguinaldo y bono que otorga la PNC según correspondiera el caso.


Sin embargo, un mes después la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para el Retiro y Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, con la que se estableció pagarle a agentes, cabos y sargentos los 24 salarios del último devengado, y al nivel ejecutivo y superior, junto al personal administrativo, técnico y de servicio, 12 salarios del último devengado.


Esta ley no consideró el pago de vacaciones, aguinaldo y bono anual. “Dejó sin efecto los acuerdos del Ministro de Justicia y Seguridad y del director de la PNC”, detalló la carta.


“Todos están frustrados por la razón de cómo los apartaron, o sea, los sacaron de la institución. Desde que se inició la institución policial, hemos trabajado ahí y nos quitaron sólo así, injustamente”, señaló José Humberto Marroquín de 64 años y quién trabajó para la PNC desde 1994.


Por su parte, Leticia Hernández, de 65 años y que perteneció al área administrativa de la PNC, manifestó que, “a nosotros nos ha afectado mucho porque es cierto que ya teníamos la edad, pero no nos avisaron para nosotros planificar. Para mí 12 salarios es como que hubiera trabajado 12 años, y yo he trabajado 29 años y medio, casi los 30 años. -Lo que me dieron- no me alcanzó ni para pagar mis deudas”.


Las organizaciones señalaron que la situación de los exintegrantes de la PNC supone una grave violación a los derechos humanos debido a que, según el artículo 16 de la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, “está prohibido establecer edad límite para la oferta laboral y para el ejercicio del derecho al trabajo, así como el despido basado en la edad y la jubilación forzosa”.


Por lo anterior, solicitaron a la PDDH promover el inicio de investigaciones y que se haga un pronunciamiento al respecto.


Reyes agregó que existen tres posibles vías para resolver la actual situación de las personas jubiladas: tratar de modificar el decreto para que se dé una indemnización “digna”, presentar una inconstitucionalidad de la Ley Especial para el Retiro y Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública debido a su colisión con la Ley de Protección al Adulto Mayor, o presentar una queja en la Organización Internacional del Trabajo por la violación que supone para los derechos laborales de los adultos mayores haber sido retirados sin su voluntad.

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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