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La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) afirmó que las personas organizadas en sindicatos de entidades públicas están siendo criminalizadas, luego de que las autoridades capturaran a distintos miembros por exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.
“La situación de los derechos laborales y sindicales continua en deterioro de forma acelerada y profunda”, mencionó la MPJL en un comunicado.
Como ejemplos de su afirmación, la mesa recordó el caso del secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) en la seccional de la Alcaldía de San Marcos, Miguel Ventura, que fue capturado después de que la Unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía emitiera un pronunciamiento exigiendo que la alcaldesa, Cindi Andrade, cumpliera con lo establecido en el contrato laboral de los recolectores de basura.
Además, resaltó la MPJL, calificaron el hecho como una “grave intromisión entre Órganos de Estado, y confirmó la falta de independencia entre los mismos, puesto que el mandatario no está facultado para ordenar capturas a la Fiscalía General de la República (FGR) o definir si una conducta es delictiva o no”, ya que el presidente, Nayib Bukele, tuiteó horas antes que la acción realizada por los trabajadores era un delito ambiental y contra la salud pública.
También, la mesa mencionó el caso de las tres personas trabajadoras de la Alcaldía de Soyapango que se encontraban protestando fuera de horarios laborales por el impago de salarios atrasados y de otras prestaciones laborales.
“Lo anterior impacta gravemente contra las libertades sindicales y la integridad física, moral y la libertad de los liderazgos, cuyos derechos y actuaciones son protegidas inclusive por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, recalcaron.
Por ello, exigieron a los órganos respectivos del Estado a que actúen de manera independiente, apegados a la Constitución y que se libere a las personas que han sido capturadas “arbitrariamente”.
Por otro lado, llamaron a la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a estar “vigilantes” ante esta situación, y que le exija el respeto de los derechos humanos al Estado salvadoreño.
