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Por David Ramírez, periodista de VOCES
Distintas organizaciones sociales internacionales y nacionales señalaron “graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas” que se están dando en el contexto del régimen de excepción.
“Al ser enviadas a centros penales controlados por pandillas, muchas de ellas sufren extorsiones, torturas y palizas que ya han llevado a varias a la muerte”, afirmaron.
También, mencionaron la falta de acceso a medicamentos como otra causa de muertes en los centros penales.
“Las ya graves condiciones de hacinamientos, sobrepoblación carcelaria, precaria alimentación, acceso limitado a salud y deplorables condiciones de habitabilidad en los centros penales, han sido profundizadas por la inesperada multiplicación de la población penitenciaria en este breve periodo”, afirmaron las organizaciones sociales en un comunicado difundido por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
En consecuencia del hacinamiento y las condiciones “deplorables”, expusieron, se podría dar un brote de tuberculosis que no solamente afectaría a los reos, sino a las personas que se encuentran en las afueras de las prisiones esperando por noticias de sus familiares.
El régimen de excepción fue aprobado desde el 27 de marzo por la Asamblea Legislativa en El Salvador y se encuentra en su segunda prórroga de 30 días más. Datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el 14 de junio, afirman que se han detenido alrededor de 40,482 personas por supuestos vínculos a grupos criminales.
Hasta la fecha, medios locales han registrado un total de 40 casos de personas detenidas que han muerto mientras se encontraban recluidos dentro de los centros penitenciarios.
*Foto tomad del Twitter de Centros Penales
