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En la situación actual que cruza el país, es posible que las onegés deban cerrar operaciones: Director Ejecutivo de FESPAD, Henri Fino.
Por Alexia Rugamas, periodista de VOCES
La Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), de Guatemala, aseguraron que el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) -que entrará en vigencia mañana 7 de junio- obligará a todas las organizaciones de sociedad civil a hacer un “re-registro”.
Esto significa que aunque ya estén registrados ante el Ministerio de Gobernación también deberán hacerlo ante la UIF, y el Estado decidirá si aceptarlo o no.
“Nos harán inscribirnos en otro ente cuya finalidad es la persecución”, expresó el director ejecutivo de FESPAD, Henri Fino quien también explicó que debido a la situación del país muchas oenegés tendrían que cerrar sus operaciones.
Con el estudio de la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros se “ahogaría financieramente a las organizaciones de sociedad civil y criminalizando a muchas de ellas”, afirmaron en el comunicado difundido.
Las organizaciones señalaron que este tipo de acciones pondrían a El Salvador en una situación similar a Guatemala y Nicaragua.
“Nosotros realmente no estamos en contra de los controles, todas las organizaciones de sociedad civil hemos de demostrar que estamos abiertos a la transparencia, a la rendición de cuentas, sin embargo, se nos está criminalizando”, dijo Fino ante las nuevas leyes y normativas que se implementarán.
Durante el encuentro subregional desarrollado por las organizaciones, una de las representantes de FESPAD, Gladys Larín, aseguró que desde 2018 hasta el 4 de mayo de 2022 se han cancelado operaciones en 143 oenegés de Nicaragua, en donde se incluyen universidades y organizaciones para la defensa de derechos humanos.
También un miembro consultor del equipo LEGIS, Alejandro Valverth, expuso el caso de Guatemala en donde 1,214 organizaciones serán canceladas en las próximas semanas.
Las organizaciones pidieron al Estado salvadoreño respetar los espacios cívicos y frenar la instrumentalización de los sistemas normativos y la institucionalidad publica para perseguir a personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.
