VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
A solo tres meses de finalizar la actual gestión legislativas, con mayoría de diputados del partido Nuevas Ideas, víctimas del conflicto armado y organizaciones defensoras de derechos humanos que integran la Mesa Contra la Impunidad en El Salvado (MECIES), calificaron a dicha gestión como “negativa” por no legislar entorno a sus necesidades.
«Otra vez, la Asamblea Legislativa le falló a las víctimas del conflicto armado», sostuvo David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal.
Desde que la Corte Suprema de Justicia derogó la Ley de Amnistía, un marco normativo que puso en pausa casos de graves violaciones perpetradas durante el conflicto armado, víctimas que sufrieron la más reciente historia del país durante las décadas de los ochenta y noventa, han insistido permanentemente con la aprobación de una ley de justicia transicional. Bajo este esfuerzo, incluso, las mismas víctimas formularon e interpusieron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley fundamentada en pilares de la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y la memoria histórica.
Sin embargo, a la fecha, señalan que dicha propuesta de ley no se ha estudiado.
“(La Asamblea Legislativa) ha incumplido su gestión de legislar, junto a otras obligaciones como la de ratificar convenciones como la de desapariciones forzadas (de Naciones Unidas) y se ha negado a mantener un diálogo efectivo y sostenido con las víctimas del conflicto armado)”, indicó Morales.
Asimismo, lamentaron que, pese a que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa recibió a colectivos como el histórico COMADRES, Pro-Búsqueda, entre otros, y que los diputados que integran ese espacio se comprometieron a apoyar las exigencias de las víctimas, todo eso quedó en “falsas promesas”. Esto, configurando al cierre de la actual gestión legislativa que las víctimas del conflicto armado continúen en el mismo estado y esperando sean cumplida su exigencia de décadas: verdad y justicia.
Entre otras acciones que destacaron en el negativo balance de esta institución fue la declaración del 16 de enero (fecha en la que se ha conmemorado la firma de los acuerdos de paz) como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, la aprobación de marcos como la Ley de Banco Nacional de ADN, la Ley Especial parar Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento, o Muerte de las Víctimas de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños. A la lista también agregaron la proclamación de Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre en el caserío El Mozote y una de las principales denunciaste de ese crimen de lesa humanidad, como “Hija Meritísima”.
Todo lo anterior, teniendo en común que no fue consultado con las víctimas del conflicto armado, que fueron utilizadas con fines políticos ajenos a la dignidad de estas y con el propósito de tergiversar la historia, indicaron las organizaciones.
“Una vez más, se niega a las víctimas su derecho a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral de las heridas de las víctimas de guerra, como único camino para una paz y una reconciliación sostenible”, lamentaron anónimamente las víctimas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
Con edición de Morena Villalobos
