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Por David Ramírez, periodista de VOCES
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) cuestionó que durante el régimen de excepción la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no había presentado informes sobre la situación en las cárceles, sino hasta el pasado 29 de junio.
“Es posible afirmar que hay un vacío de información y un desconocimiento de las condiciones reales de la población privada de libertad que es producto del ocultamiento de las autoridades responsables de custodiar a las personas privadas de libertad”, señaló el OUDH de acuerdo a datos consignados en su más reciente informe.
En este sentido, aseguraron que la obstaculización de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) a la PDDH para el ejercicio de sus funciones constitucionales “imposibilita afirmar que los datos ofrecidos por la institución de derechos humanos sea un fiel reflejo de la realidad al interior de los centros penales”.
La Ley Orgánica de la PDDH dicta que la institución tendrá “libre e inmediato acceso a los centros penitenciarios, cárceles o cualquier lugar público donde se presuma que se encuentra una persona privada de su libertad, a fin de garantizar el respeto de sus derechos humanos” y que, para esto, “no necesitará notificar a la autoridad responsable o encargada del establecimiento”.
Hasta el 29 de junio, el titular de la PDDH, Apolonio Tobar, realizó por primera vez, desde la aplicación del régimen de excepción el 27 de marzo pasado, una verificación en el centro penal “La Esperanza”. Tras conocer la situación dentro de este centro penitenciario afirmó que no detectó mayores irregularidades.
“Hasta el momento creemos que hace falta información para tener claridad de las dimensiones reales del problema que está sucediendo en las cárceles y otros centros de detención en nuestro país”, expresó el coordinador general del OUDH, el abogado Danilo Flores.
Actualmente, organizaciones sociales han reportado al menos 50 casos de personas que han muerto dentro de los centros penales bajo tutela del Estado salvadoreño y continúan denunciando la persistencia de violaciones de derechos humanos que atentan contra la integridad y la vida de los privados de libertad.
Ante esto, la OUDH recomendó que tanto la Fiscalía General de la Republica (FGR) como la PDDH investiguen los casos de abusos de la fuerza, de poder, las arbitrariedades y todas aquellas conductas de empleados y funcionarios públicos que podrían incurrir en faltas, delitos y graves violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción.
Por su parte, el procurador Tobar explicó que la visita a La Esperanza fue el inicio de una serie de visitas a todos los centros penales del país.
